Engels Contreras Piña
Uno de los grandes temas que se discutirán en el segundo periodo de sesiones del primer año de ejercicio legislativo del Congreso de la Unión de la LXV legislatura será la reforma eléctrica. Es de conocimiento público que actualmente se desarrolla el parlamento abierto sobre esta iniciativa de reforma constitucional donde varios especialistas y legisladoras discuten y analizan la propuesta presentada por el ejecutivo federal.
No es para menos que haya un intenso debate público sobre este tema, ya que la reforma planteada por AMLO, entre otras cosas, tiende a fortalecer el papel que desempeña la CFE en la generación, suministro y distribución de energía, además concede facultades exclusivas al estado en la explotación de minas de litio. Esta reforma entre otras cosas reivindica los sectores estratégicos del Estado en materia energética.
Es evidente la gran oposición y descontento que ha causado el planteamiento de esta reforma, desde los gremios empresariales, capitales extranjeros y evidentemente los partidos políticos que rechazan los planes del actual presidente de la República. Aquí se circunscribe un elemento clave en el proceso que tiene que agotar está reforma, y es que para que esta modificación normativa sea realidad, se tiene que realizar el procedimiento que establece la propia constitución para que esta misma sea reformada o modificada.
Como no es una reforma a la ley ordinaria, la propia Constitución establece en su artículo 135 que para que pueda ser modificada se requiere del voto de la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los legisladores presentes al momento de la votación, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y además tiene que ser aprobada esta reforma por las mayoría de las legislaturas locales de las entidades federativas, es decir 17.
Esto representa un problema para los legisladores aliados a la agenda de la 4t, ya que no cuentan ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores con la mayoría calificada y esto los obliga a consensar acuerdos que permita sacar avante la reforma eléctrica propuesta por el Presidente. Otro obstáculo que se puede presentar para que transite esta reforma es que en las legislaturas de los estados no se logre que 17 de estas aprueben dicho proyecto de reforma.
El llevar a cabo una reforma constitucional no es nada menor y hacerlo en un sector donde convergen altos intereses resulta complejo para que esta transite, pero es claro que debe prevalecer el interés público y superior de la nación, pues en esta reforma no solo se disputa la modificación de un texto normativo sino la visión de país que se quiere. Pero también hay que decir claramente que esta reforma no es tan radical como se intenta hacer creer desde los centros y matrices de opinión, pues no pretende terminar con la participación de capital privado en este sector estratégico del país, y mucho menos nacionalizar esta industria, además de que mantiene las concesiones ya otorgadas para la explotación de minas de litio en territorio nacional. Es una reforma moderada, por decirlo de alguna manera, que sin embargo tiende a fortalecer el estado nacional.
En los próximos días veremos la intensificación del debate público así como el desarrollo del debate parlamentario sobre la reforma constitucional en materia eléctrica, se matizará el procedimiento agravado para reformar la constitución y veremos si la reforma eléctrica de la 4t alcanza la mayoría parlamentaria requerida. Por ahora resta decir que dos visiones de país se vuelven a confrontar y será la arena parlamentaria uno de los escenarios de disputa, escenario imprescindible para realizar reformas constitucionales.
