Por Héctor Tapia
Tal pareciera que hay consigna por desestabilizar al actual gobierno del estado, y que en esta ruta el interés político está, si no detrás, cuando menos sí de lado. Los elementos que están a la luz y que refuerzan esta idea no son pocos.
A cinco meses de distancia de iniciado el actual periodo de gobierno, no ha cesado el golpeteo por parte de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y sus posturas han sido cada vez más radicales, incluso hasta violentas.
Entonces, para sustentar lo que se plantea en este análisis, es necesario ver la línea de tiempo sobre lo que se viene presentando.
Previo al arribo constitucional del actual gobierno se debían hasta dos meses de salario, bonos y demás compromisos que se venían sosteniendo por la autoridad estatal, muchos de ellos por debajo de la mesa.
Sin embargo, pese a estos adeudos, las protestas, aunque existentes, no eran tan virulentas como se vienen registrando actualmente.
En una ruta que pareciera de buscarse un pretexto para la confrontación, entraron los temas de las plazas a normalistas y la Dirección de Educación Indígena, con los respectivos intentos de bloqueos a vías férreas y también a vialidades y carreteras.
Entonces, pese al cumplimiento de los pendientes y el desahogo de diversas demandas, las protestas no han disminuido, y por el contrario, estas han venido escalando y subiendo de tono, hasta llegar a escenarios violentos como los que se vieron este inicio de semana.
Este lunes, en la protesta más reciente de la expresión de los llamados “azules”, con Gamaliel Guzmán Cruz al frente, en un primer momento entraron a la fuerza a las instalaciones de Casa Michoacán, y luego trasladaron su protesta hasta Palacio de Gobierno, donde la confrontación se salió de control y se requirió la intervención de la Unidad para el Restablecimiento del Orden Público (UROP), lo que convirtió al corazón de la capital michoacana en un campo de batalla por un momento.
La demanda de esta fracción magisterial es que se contemplen a una importante cantidad de “trabajadores eventuales” que, según argumenta dicha expresión, fueron ya reconocidos, y que, según el gobierno estatal, son posiciones irregulares y fuera de la norma por lo que no se contemplan presupuestalmente, porque pondría en riesgo la llamada federalización de la nomina educativa, la cual se viene buscando que se concrete para tener garantizado el pago de los salarios de los maestros y maestras con clave estatal.
Ante esto, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado, remarcó que su gobierno no se puede comprometer con algo que no se puede cumplir por estar fuera de la norma. Postura que había sido anticipada por el mismo secretario de gobierno, Carlos Torres Piña. Ambos llamaron al diálogo.
Luego de estos hechos registrados durante este lunes, se vino, al unísono, de parte del PRD, la exigencia de que “rodara una cabeza”, al acusar a Torres Piña de no ayudar a la gobernabilidad en el estado. Ningún otro partido salió a acompañar esta postura; el PAN, por el contrario, pidió al gobierno estatal no caer en chantajes del magisterio.
A partir de estos elementos, es inevitable no observar varias cosas que están ahí, a la luz:
- Las expresiones del magisterio michoacano, pese a que se le ha cumplido lo que les corresponde, han llegado al borde casi irracional de buscar cualquier pretexto para escalar la violencia en sus protestas.
- Podría haber algunos renglones que revisar, pero se tendría que privilegiar el diálogo para avanzar en la revisión de dichos aspectos, pero justamente lo que reflejan, al escalar la virulencia de las manifestaciones, es que pareciera que no buscan el diálogo.
- Al no haber llegado a este grado de radicalidad con el anterior gobierno, pese a los adeudos que sí se les venían acumulando, el mensaje es que había algún acuerdo no visible con el silvanismo y que ahora no lo tienen.
- La liberación de Gamaliel Guzmán en la Fiscalía, tras su detención, sin ser sometido a algún tipo de procedimiento, deja mucho qué pensar. La Fiscalía se identifica como un bastión silvanista. Recordemos que el actual fiscal fue secretario de Gobierno de la administración pasada, y lidera una de las dos expresiones con mayor fuerza del PRD en el estado.
- Las voces perredistas al unísono reclamando inmediatamente la “ineficiencia” del gobierno estatal para atender los problemas del estado, casi como si se estuviera esperando el momento para salir a exigir orden.
Todos estos elementos quizá son circunstanciales, pero conjuntados en un mismo momento no dejan opciones de interpretación más que el de ver que hay una intención de buscar generar inestabilidad al actual gobierno estatal.
Quizá el silvanismo o perredismo no está detrás de las exigencias de la Sección XVIII de la CNTE, y quizá las expresiones magisteriales sólo están siendo “aprovechadas” políticamente por actores ligados a la administración pasada. A río revuelto, ganancia de pescadores. Quizá, también, ambos se acompañan para conseguir sus fines. ¿Quién se aprovecha de quién? Son sólo algunos elementos que están en el aire y son susceptibles de interpretación.