Por Héctor Tapia
La tarde de este martes, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, fue detenido y llevado al Penal 2 de Apodaca de esa entidad federativa.
Acusado de desvíos de fondos, la detención fue producto de una denuncia hecha ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León por el ahora gobernador Samuel García cuando era senador, en julio de 2018, cuando el exgobernador participaba en la contienda por la presidencia de la República.
Es decir, tuvieron que pasar casi cuatro años para que la denuncia prosperara y alcanzara a llegar a la detención.
Ante un hecho como este, en Michoacán la pregunta resulta casi obvia: “¿Y en Michoacán cuándo?”. Habría que comenzar a desmenuzar algunos aspectos que parecen relevantes y que, para el caso local, no habría que perder de vista.
La detención de “El Bronco” en Nuevo León fue producto de una denuncia ante una Fiscalía Especializada estatal, lo cual no es menor, hay que decirlo.
Por tanto, en un terreno comparativo, que quizá no valga la misma por tener características distintas entre sí, el caso michoacano sobre la situación del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, a partir de las denuncias que se han interpuesto en contra de su administración, los procedimientos apenas están viendo la luz; es decir, apenas se iniciaron las diligencias que se enmarcan dentro de las denuncias que se interpusieron por la Secretaría de Contraloría.
Es decir, en estricto sentido, todavía faltan varios años, si se alarga conforme a los plazos establecidos, para observar los resultados de las indagatorias y judicialización de las carpetas que se hayan integrado sobre los presuntos actos de corrupción que han sido denunciados en reiteradas ocasiones por la actual administración que apenas lleva poco menos de seis meses.
En lo estatal, ante la Fiscalía Estatal, apenas son dos denuncias de carácter penal las que se han interpuesto en lo que va del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla; hay otro tanto que se está librando ante instancias federales.
Se tienen dos líneas para fincar responsabilidades, incluso penales, al gobierno que encabezó Silvano Aureoles: una línea es la estatal, y la otra es la federal, a partir de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, entre otras instituciones, como la Fiscalía General de la República y la misma Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En lo estatal o local, hay poca confianza de que en instancias como la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) avance siquiera cualquier intención de fincar alguna responsabilidad al gobierno pasado, a partir del múltiplemente señalado vínculo o cercanía que tiene el actual auditor con el exmandatario michoacano.
Entonces, dejando de lado y en incógnita el papel que asumirá la auditoría local frente a la fiscalización y sustanciación de irregularidades que se hayan dado en el periodo de gobierno pasado, queda la ruta que tendrán los hallazgos en las áreas federales, que en teoría se supondría estarían más ajenos a intereses locales partidistas.
En cualquiera de los casos, los procesos o procedimientos no son tan rápidos como quisiera la sociedad michoacana, que –hay que decirlo– está ávida de justicia ante los constantes desfalcos, desvíos y presuntos y escandalosos actos de corrupción que cometieron gobiernos pasados.
Por tanto, y tomando en cuenta cuánto tiempo llevó la denuncia en el caso de “El Bronco”, en el caso michoacano estamos todavía a unos años de ver sanciones que culminen en prisión, cuando menos en lo que se refiere a la pasada administración. Sobre las previas a la de Silvano Aureoles, tampoco parece haber a la vista alguna carpeta que pudiera derivar en este tipo de sanciones; más aún, hay algunos casos de presuntos actos de corrupción que ya prescribieron, quizá producto de pactos de corrupción e impunidad que se dieron en su momento, o falta de pericia de quienes estuvieron en las áreas responsables.
En Michoacán está latente la idea de que la impunidad es el sello a partir del pacto innombrable que se da en los relevos.
Con todo esto, si hay que tener claro que todo lleva un proceso de investigación y substanciación para llegar a responsables de malos manejos y corrupción; sólo esperemos, porque la sociedad michoacana así lo exige, que en esta ocasión sí haya responsables, incluso si esto recae en el mismo exmandatario michoacano. La credibilidad de las instituciones está en permanente juego.
