Por Héctor Tapia
Algo pasó. Armando Linares, director del medio Monitor Michoacán, de Zitácuaro, se retractó, desistió y dejó de atender llamadas. No confió quizá en las mismas autoridades para que le cuidaran frente a las amenazas que había denunciado públicamente.
Es decir, no continuó con la comunicación con el Gobierno Federal, específicamente con la Secretaría de Gobernación, para acogerse al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se le había ofrecido.
Hace mes y medio, el 31 de enero, se le ofreció desde la Secretaría de Gobernación el acompañamiento y protección por parte del mecanismo; sin embargo, pese a que se le incorporó, Armando Linares, dejó de atender llamadas.
Haciendo un recuento. Ese mismo 31 de enero Roberto Toledo, quien era colaborador también de Monitor Michoacán, había sido asesinado a balazos, ahí mismo en Zitácuaro. En ese momento las reacciones oficiales, sin empacho, se centraron en remarcar que no era periodista. Desestimaron su colaboración, y privilegiaron su otra actividad que era como auxiliar en un despacho de abogados.
En esa ocasión, minutos después de que fuera asesinado Roberto Toledo, Armando Linares López inició una transmisión en vivo donde se veía claramente afectado por el homicidio de su colaborador.
“El Equipo de Monitor Michoacán ha venido sufriendo una serie de amenazas de muerte; el día de hoy, finalmente, esas amenazas se cumplieron y hoy asesinaron a uno de nuestros miembros de nuestro equipo. Hace unos minutos atentaron en contra de su vida, (Roberto Toledo) perdió la vida hace unos minutos, así las cosas con Monitor Michoacán. Exhibir corrupciones, de gobiernos, el día de hoy llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros. No puedo hablar mucho. No puedo decir mucho…”, y entonces guardó un prolongado silencio de 14 segundos, casi al borde del llanto, donde no podía hilar palabra. “No vamos a dejar las cosas así, las vamos a llevar hasta las últimas consecuencias”, sentenció Linares López. Todo quedó registrado en el video que quedó alojado en la página de Facebook del medio que dirigía.
Tras ese video, donde de forma pública asentó las amenazas que enfrentaban, fue que se le ofreció la protección oficial a través del mecanismo. Cuando menos esto es lo que han aseverado, por separado, funcionarios de distintas áreas del gobierno del estado, pero también del gobierno federal, siendo éste último, vía Secretaría de Gobernación, quien opera el referido Mecanismo de Protección.
De ser así. Que Armando Linares haya desistido en continuar con el procedimiento para lograr su protección deja muchas dudas en el aire. Si estaba en riesgo su vida, ¿qué le habrá llevado al punto de desistir del acogimiento al mecanismo?, ¿será falta de confianza en las mismas instituciones?, ¿alguna amenaza mayor?, ¿en dónde, el mismo Armando Linares, estaba identificando el riesgo a su vida?, ¿de dónde provenían las amenazas?
Está también la posibilidad de que alguien, en la ruta del seguimiento de la aplicación del mecanismo, haya sido omiso y no haya atendido de forma adecuada lo que de forma pública quedó claramente asentado en el video de la transmisión del 31 de enero: había un riesgo real, latente, contra el director de Monitor Michoacán.
De haber sido esto último, esta omisión se convierte en complicidad con quienes perpetraron el asesinato; aspecto que también deriva en otro reto fundamental que enfrenta el Estado Mexicano: acabar con la impunidad a partir de la claridad y contundencia en las investigaciones sobre los hechos delictivos que se registran; y, cuando menos en lo que se tiene registro hasta el momento, el nivel de impunidad en lo que respecta a crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos, es casi total. Aunque hay que decir, nada diferente al nivel de impunidad que se vive en los delitos en general en el país.
Es necesario y urgente que las fiscalías estatal y de la República investiguen a fondo qué fue lo que pasó en el asesinato de Armando Linares; desde quiénes fueron los responsables, el móvil del homicidio, y también, sin minimizar, si se siguieron adecuadamente o no los protocolos de actuación por parte de la misma autoridad. En una de esas –quizá- hubo algún funcionario que sin jalar el gatillo pudo, con su omisión, dejar que la crónica de un asesinato anunciado se materializara.
