Héctor Tapia / Metapolítica
La discusión y posterior negativa a la aprobación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 en el Congreso del Estado, dejó cuestionado el papel del Auditor Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, quien, con esto, fue exhibido por no haber realizado su papel como ente fiscalizador imparcial.
La revisión de dicha cuenta pública y el dictamen, relativa al último año completo del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, arrojó una serie de observaciones al manejo de los recursos pero también a las presuntas omisiones que tuvo el Auditor Superior, a quien se le acusó de nueva cuenta de ser el “auditor carnal”, es decir que por la cercanía al ex mandatario michoacano no profundizó en su papel fiscalizador.
El dictamen, elaborado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, que preside el legislador priista Marco Polo Aguirre Chávez, que había sido aprobado con 4 votos de los 5 que integran dicha comisión, fue llevado a discusión por el pleno del Congreso la noche de este jueves, donde, tras diversos jaloneos entre legisladores, y acusaciones al auditor superior, fue aprobado en lo general, con lo que se rechazó el informe de la cuenta pública relativa al referido Ejercicio Fiscal.
En la votación nominal en lo general 21 diputados, de la fracción de Morena, el PT y algunos del PAN, aprobaron rechazar la cuenta pública 2020; otros 13 legisladores, del PRD, el PES y el PRI, principalmente, se manifestaron en contra, y hubo una abstención al respecto.
Sin embargo, producto de la discusión se planteó una reserva al articulo 2 del decreto, la cual hizo el coordinador parlamentario de Acción Nacional, el legislador Oscar Escobar Ledesma, reserva que a la hora de ser votada no alcanzó la mayoría ni a favor ni en contra, llevó a que se marcaran dos recesos por la falta de cuórum, y con ello la suspensión de la sesión legislativa, que se acordó retomar para el martes próximo.
Previo a entrar a la discusión del dictamen el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador parlamentario de Morena, el legislador Fidel Calderón Torreblanca, pidió que conforme a una reforma a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso que se dio en febrero de este año, dos diputados ausentes (María de la Luz Núñez Ramos y Ernesto Núñez Aguilar) pudieran participar de la sesión de forma virtual; sin embargo, fue rechazada la petición por la presidencia de la Mesa Directiva.
Ya al razonar su voto a favor del dictamen, la integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, la legisladora morenista, María Fernanda Álvarez Mendoza, dijo que los informes elaborados por la ASM, en la mayoría de los casos, es parcial, y en la observaciones de la Cuenta Pública se detectó “falta de publicidad, omisión de documentos, falta de comprobantes fiscales, de comprobaciones de gasto”.
También se encontró que en el periodo del 2020 del gobierno de Silvano Aureoles “se pagaron servicios a proveedores que no se encuentran ante el Comité de Adquisiciones”, con estos elementos, dijo, se pudo observar que “el plan anual de fiscalización de la ASM era insuficiente”.
Con esto remarcó que el Auditor “no cumplió con la evaluación de la gestión de fondos públicos, y no cumple con los principios” que le corresponden cuidar.
Por su parte, el legislador Juan Carlos Barragán Vélez, también de Morena, dijo que el dictamen, que posteriormente se avaló, contiene diversas irregularidades en el proceso de fiscalización.
“No puede ser posible que se tenga que detectar desde las comisiones las deficiencias del órgano técnico de fiscalización”, con lo que dicho dictamen deja ver que hubo diversas omisiones en el actuar del auditor superior del estado, quien, remarcó el legislador morenista, “no efectuó las auditorías que fueron ordenadas por el Congreso” en el Plan Anual de Fiscalización.
“El Auditor carnal no acató el plan anual de fiscalización, fue omiso en realizar auditorias financieras, de obra, y sólo efectuando auditorías de cumplimiento; la ASM fue incongruente” y dejó ver “una parcialidad y ‘carnalismo’ hacia algunos entes auditados”.
Por ello, insistió Barragán Vélez, es que se concluye que de parte de la ASM hubo “total incumplimiento a los principios de legalidad que debe respetar el auditor carnal”, con lo que remarcó que en el Legislativo local se debe discutir “a la brevedad, la remoción como auditor en cumplimiento a los artículos de la ley de fiscalización superior y rendición de cuentas del Estado”.
Quien salió a la defensa de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, Auditor Superior del estado, fue la legisladora Julieta Gallardo Mora, de la Representación Parlamentaria, quien dijo que la revisión de la referida cuenta pública del 2020 se consideró como un instrumento de golpeteo político, y cuestionó que desde la elaboración del dictamen en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, que ella integra, “fue desaseado e incompleto”.
Ante las inconsistencias y falta de información que se argumentó existía por parte de la auditoría, lo que se debió hacer es pedir que el auditor superior del estado ampliara la misma ante el pleno, previas recomendaciones de la comisión inspectora; así mismo, aseveró que la negativa a la aprobación de la cuenta pública tendrá un impacto negativo en la viabilidad financiera del estado.
