Por Héctor Tapia
Hay una advertencia que lanzó la oposición a la llamada Cuarta Transformación, de forma más concreta, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no puede ser tomada a la ligera: no pasará ninguna otra reforma constitucional.
Esta advertencia se lanzó luego de la discusión de la Reforma Eléctrica, que también era constitucional, y que sirvió para agrupar al bloque opositor al Presidente en un momento electoral que enfrenta el país actualmente, con seis elecciones en igual cantidad de entidades federativas, y en la antesala de la elección presidencial de 2024, por lo que esto les está sirviendo de “ensayo” de organización electoral para tratar de llegar fortalecidos frente a una fuerza política que poco se ha mermado y que lidera López Obrador con sus aliados.
En esta coyuntura, la Reforma Electoral que se ha planteado, aún con la advertencia de la oposición de no acompañar reformas constitucionales, adquiere nuevas lecturas, y que son tendientes a que la discusión apunte o sirva para dibujar las dos narrativas electorales que estarán en disputa en la sucesión presidencial.
No es que no haya aspectos que tengan que reformarse o ajustarse en el sistema político electoral de México. Pero, a mi parecer, son los aspectos que serán sacrificados y no serán discutidos de fondo, en aras de que ambos proyectos políticos sostengan sus discursos.
El presidente López Obrador tiene muy claro que una reforma constitucional será ya muy difícil, sino que imposible, que transite en la Cámara de Diputados. Y, si lo sabe, ¿por qué insiste en una reforma que se antoja imposible que pase, integrando aspectos que la oposición a él ha tomado como bandera “de defensa” discursiva?
A consideración de este columnista, la perspectiva es fácil; sí, sabe que lo planteado en su reforma constitucional no pasará, pero servirá para que las posturas sean más claras.
Es decir, esta reforma político-electoral es una “manzana envenenada”, es electorera; porque si la oposición rechaza la reducción a las prerrogativas a los partidos políticos, será usado como línea discursiva de ataque, a partir de que la sociedad mexicana no está tan contenta con los mismos partidos políticos.
Este nivel de percepción de rechazo está también contra las llamadas posiciones plurinominales que la reforma plantea eliminar, y aunque efectivamente esas posiciones sirven para salvaguardar pesos y contrapesos en el poder legislativo, la sociedad percibe en estas posiciones que son una suerte de premios que se dan las cúpulas partidarias, carnalismos, compadrazgos, que están cada vez más alejados de los intereses ciudadanos.
La llamada 4T también sabe que es prácticamente imposible conseguir el respaldo legislativo para desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) y convertirlo en otro instituto, en el que los consejeros sean electos por voto ciudadano y no como se hace actualmente, vía “concurso” y exámenes librados ante los mismos diputados federales. Pero de la 4T hay un aprovechamiento del ánimo social respecto al INE, del cual se observan y señalan gastos onerosos como los salarios.
Es decir, a grandes rasgos, López Obrador y la 4T, sabe que perderán de nueva cuenta la batalla legislativa respecto a esta reforma, porque no tienen las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, para lograr las modificaciones que plantean. Pero, así se manejan hasta ahora: perdiendo ganan.
Es decir, si bien los afines al Presidente estarían perdiendo la batalla legislativa, estarían ganando argumentos para golpetear a su oposición y aprovechar ese ánimo social que exige, esa sí con razón, reformas o adecuaciones que garanticen una mayor participación política, que se erradiquen las decisiones políticas en los organismos que deben garantizar la imparcialidad en los procesos electorales, que se eliminen o reduzcan los gastos onerosos que se presentan en los mismos organismos electorales.
Es por ello que, insisto, esta reforma político electoral será más electorera; una batalla en la que el presidente López Obrador y su proyecto ganará perdiendo.
