Metapolítica
Morelia, Michoacán.- “Es necesario seguir avanzando en extender y profundizar una democracia incluyente, y la unidad entre la democracia y la conquista de derechos, debe constituir uno de los pilares argumentativos de las acciones afirmativas para lograrlo”, consideró la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Yurisha Andrade Morales.
Lo anterior, en el marco de su ponencia “Las Acciones Afirmativas en la Construcción de la Democracia Inclusiva y la Justicia Electoral” durante la séptima Reunión de Autoridades Electorales de la V Circunscripción Plurinominal Electoral.
“Los retos más grandes en la materia de acceso a la representación política de los sectores históricamente discriminados, pasan por crear los mecanismos y las estrategias para consolidar el empoderamiento ciudadano de las personas pertenecientes a estos grupos. Esto significa incrementar su participación política en los cargos de elección popular a fin de que tengan mayor peso en la toma de decisiones y que impulsen políticas públicas con un enfoque centrado en los derechos humanos y la inclusión”, dijo.
Andrade Morales consideró como imperante favorecer la organización sistemática de los grupos vulnerables en el espacio público, así como la celebración de convenios entre autoridades electorales en materia de promoción y vigilancia de los derechos y el liderazgo político de las personas que pertenecen a estos grupos discriminados.
Además de hacer efectivas las sanciones por violencia política por motivos relacionados con la discapacidad o el origen étnico de las personas, así como establecer en la legislación, la obligación de los institutos políticos para destinar una parte de su financiamiento público a programas de promoción y capacitación dirigidos a militantes, simpatizantes y población en general sobre los derechos políticos de todos estos grupos.
“Estas medidas, unidas a aquellas otras promovidas por las organizaciones de la sociedad civil, podrán contribuir a ampliar causes de acción para solidificar nuestra democracia con un sello incluyente”, aseguró.
Ante las autoridades electorales, Andrade Morales consideró que deben constituir una prioridad en la agenda política el fomento de las políticas públicas y las acciones gubernamentales encaminadas a alcanzar una sociedad paritaria e inclusiva, así como que el respeto a los derechos humanos.
“La tarea es alcanzar una democracia paritaria y una sociedad en donde cualquier tipo de discriminación y violencia queden totalmente suprimidas, especialmente para las mujeres, los indígenas, adultos mayores o personas con discapacidad”, recalcó.
La magistrada enumeró algunas de las acciones afirmativas en materia político-electoral que se dieron en el marco del proceso electoral 2020-2021 entre ellas medidas innovadoras como el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política por Razón de Género, una prueba piloto para el sufragio de las personas en prisión preventiva, el voto electrónico para mexicanos residentes en el extranjero y la figura del diputado federal migrante.
