Por José Irán Moreno Santos
En las últimas semanas diversos articulistas de opinión han escrito sobre la posibilidad -diría yo especulación- de que el Presidente de la República no aceptaría los resultados electorales, si su candidata o candidato no ganará la elección presidencial 2024.
Otros han escrito sobre la posibilidad -o especulan- que el presidente no dejaría el poder ante una posible inconformidad electoral y si los órganos electorales ante una contienda electoral cerrada no dieran resultado favorable a su candidata o candidato; sacaría a las calles al ejército y buscaría ampliar su mandato aun siendo este inconstitucional.
Otros opinan -o especulan- que el presidente ante la extinción de su mandato quiere dejar atado de manos a su sucesor o sucesora y que sea el ejército el garante de su legado, el protector de su proyecto y el vigilante en caso de que el nuevo presidente no siga con el proyecto de la 4T y que al final él tenga el control de las fuerzas armadas y pueda promover un intento de Golpe de Estado o advertencia al titular del ejecutivo en ese momento.
Incluso se ha mencionado que Estados Unidos y esas organizaciones obscuras que promueven golpes de estado e inestabilidad política en varios países del mundo y en América Latina también estarían involucrados en qué la oposición gane y que se desestabilice el gobierno mexicano y, por lo tanto, puedan tener una justificación para su intervención.
Especulaciones o realidad; ahí está la duda, porque si todos estos escenarios los están diseñando o pensando desde Palacio Nacional, entonces de qué han servido las transformaciones legales que hemos hecho en los últimos 30 años.
Si estas especulaciones son una realidad, entonces todo el andamiaje institucional que hemos construido ha sido una farsa. Acaso el INE no es verdaderamente un órgano autónomo que vela por qué el sufragio sea efectivo, o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es solo burocracia, o el Congreso de la Unión solo sirve o ha servido a los intereses de una clase gobernante y las organizaciones de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas solo han funcionado para que se pongan funcionarios que contribuyan a la corrupción y no a los fines para los cuales se diseñaron.
¿Estamos en un Estado simulado? Entonces toda esta lucha por la democracia, por el fin del partido de estado, por elecciones libres, por órganos electorales que cuenten y cuenten bien y todas esas instituciones para que han servido, somos un estado sin ley, sin instituciones solo se administra. Entonces en qué lugar estamos parados los ciudadanos de este país.
Son demócratas los políticos o efectivamente llegan a la silla presidencial o a un escaño en el Senado o a una curul en la Cámara de Diputados o a un espacio en los tribunales y en la corte y se vuelven animales salvajes políticos que lo que menos les interesa es el bien común.
Es preocupante que existan plumas que especulan sobre el futuro cercano de este país y es temerario que se esté diseñando este tipo de estrategias desde Palacio Nacional o desde el propio presidente de la República. Las y los mexicanos no merecemos que se especule con el futuro porque al final de cuentas los que terminan pagando los platos rotos somos la sociedad.
Habría que hacer un llamado para que paren estos textos, hay que demandar para que no se haga realidad. Ya basta, debemos hacer valer nuestra ciudadanía y los actores políticos deben ser verdaderos servidores públicos, seamos sensatos, sean sensatos y velemos todas y todos por el bien común.
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