Por Roberto Pantoja Arzola
El Presidente de la República, en un acto histórico, pidió disculpas a nombre del Estado mexicano por la desaparición de los 43 normalistas estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, la noche del 26 de septiembre del 2014; durante la presentación de informes de las investigaciones el pasado 18 de agosto, y a ocho años de haberse suscitado esta injusticia, en la cual, evidentemente estuvieron involucrados funcionarios públicos de diversos niveles jerárquicos.
Los casos de políticos que reconocen sus errores o que piden perdón son pocos y muy recientes. Los ejercicios de contrición son vistos como un acto de debilidad y como la rendija por la que se puede colar la descalificación y el ataque de los adversarios.
“En la ley de la política, que premia a los más fuertes, pedir perdón puede ser interpretado como una debilidad y por tanto como un modo de autoexcluirse de un partido de tenis en el que la clave es ganar el último punto”, señala Javier Gomá, autor de la Tetralogía de la ejemplaridad.
La valentía demostrada por el gobierno del presidente López Obrador al reconocer y señalar a instituciones otrora “intocables” como el Ejército, de haber tenido una participación en el crimen de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como haber reconocido la colusión del Estado mexicano con el crimen organizado, adquieren un valor extremo.
No es la primera vez que la administración del tabasqueño reconoce, a nombre de las instituciones del país, excesos u omisiones cometidas. Lo hizo al pedir perdón por las guerras de exterminio, al ofrecer disculpas a las víctimas del “halconazo”, a la comunidad China, a los afectados por el accidente de la línea 12 del metro, a las víctimas de la catástrofe originada por la ocupación militar española de Mesoamérica y del resto del territorio de la actual república mexicana
Al perdón como acto de valentía, le sigue la justicia como ejercicio de castigo, de no repetición, sin la cual el perdón se queda como una simple maniobra retórica. Resta que esta última, la justicia, llegue hasta sus últimas consecuencias.
Con la detención de Jesús Murillo Karam, exprocurador de la República en el sexenio peñista y padre de la llamada “verdad histórica”, se dan pasos en el sentido del castigo y la superación de la impunidad. Un titular de esta dependencia puesto en manos de la justicia es algo que no se había visto y que puede sentar el precedente del castigo a actos ilegales, sin importar el rango de quien los cometa.
Ni perdón, ni olvido de la engañadora “verdad histórica” del caso de Ayotzinapa.
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