Brenda Barajas / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Las reformas a la Ley de la Guardia Nacional y Seguridad Pública, que otorgan el control total de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), deja “maniatadas” a las Comisiones estatales de Derechos Humanos, adelantó Marco Antonio Tinoco Álvarez, ombudsperson en Michoacán.
Detalló que, al centralizar los mandos policiales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) será la única que podrá revisar el actuar de la Guardia Nacional, lo que pondrá en riesgo los derechos humanos de la ciudadanía.
“Vamos a quedar maniatados, porque no va ser nuestra competencia, porque la federalización o centralización, hace que nosotros ya no podamos intervenir. Ese es el gran problema: hoy los ombudsperson estatales, ya no vamos a poder hacer la revisión de las policías de los Estados”.
Tinaco Álvarez recordó que, cuando se aprobaron las reformas en el Congreso de la Unión, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) manifestó su rechazo a la militarización de la seguridad pública por violentar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Estamos de acuerdo en que los mandos militares, o las fuerzas castrenses, intervengan en condiciones solamente de emergencia, por un periodo determinado y solamente en situaciones muy determinadas, es decir, la excepción, no la regla”.
Ante la propuesta de ampliar la presencia de los militares en el país por hasta ocho años, añadió que se trataría de una iniciativa injustificada, por poner un plazo a la ola de violencia:
“Es muy grave que nosotros le pongamos fecha porque las policías se tienen que dedicar a realizar prevención y, en todo caso, la represión de la conducta antisocial, pero obviamente protegiendo los derechos humanos”.
