Por solo citar un ejemplo y de acuerdo a los resultados de diversas inspecciones por parte de la Auditoria Superior de la Federación, se calcula que tan solo en el periodo de Enrique Peña Nieto, 22 gobernadores priistas desviaron cerca de 258 mil millones de pesos, 22 gobernadores de los cuales solo 5 han sido vinculados a proceso y cuatro más han sido denunciados. Cantidad inimaginable a la que habría que sumar desvíos atribuidos a gobernadores de los otros partidos políticos que han tenido la fortuna de recibir licencia para hacer lo que quieran, cuando quieran y donde quieran, gracias a la compra de conciencias y votos o en muchas ocasiones, por a la apatía y desinterés ciudadano por acudir a las urnas a cambiar la realidad.
También habría que añadir a esta desafortunada lista a bastantes presidentes municipales que manejan de manera discrecional el presupuesto, las nada despreciables compensaciones recibidas por regidores, por ser buena onda y disciplinados con sus alcaldes, las dádivas que se presume reciben los diputados y senadores por aprobar cuentas públicas, leyes o reformas, y que decir del ejercicio de la gran mayoría de los presidentes de la república, que durante y posterior a su encargo, de forma casi mágica, sus familiares y amigos cercanos, se convierten en empresarios acaudalados y nuevos ricos, asegurando así el futuro de dos o tres generaciones de familiares, esto sin tomar en cuenta las millonarias pensiones, mientras más de la mitad de los mexicanos enfrentan una exacerbada pobreza.
No es cuestión de risa, ni tema menor, pero está ahí punzante la premisa común de la ciudadanía, que no se identifica con ningún partido político y que se estima es el 94 por ciento de la población mexicana -una mayoría apabullante- y que tienen la concepción que todos políticos que llegarán a algún cargo de elección popular (Presidente de la Republica, Presidentes Municipales Diputados, Senadores, Gobernadores y Regidores), robarán cuanto tengan en frente, a los lados y hasta lo que no alcancen a ver, es el ideario colectivo que se registra en varios estudios de opinión, donde los políticos están hasta el fondo de la tabla de confianza de los ciudadanos en nuestro país.
Percepción que es casi imposible de desmentir o aminorar gracias a lo que ha mostrado como nefasta carta de presentación un gran número de políticos y funcionarios públicos -que afortunadamente todavía hay muchos honestos- personajes públicos que al arribar a los cargos, faltos de sentido ético y moral, cometen un sinnúmero de omisiones, dilaciones, ocultamientos o desfalcos, que dificultan el correcto funcionamiento de las instituciones y la aplicación de los recursos públicos, es decir, actos de corrupción que no solo daña por el dinero que se desvía o se roba del erario, sino que también, hacen de las dependencias y organismos, elefantes blancos que cuestan mucho dinero para su permanencia y dan pocos o nulos resultados, recursos que debiera ser utilizado para generar el desarrollo nacional y local.
El dejar de ir a votar o votar por lo mismo y perpetuar a los mismos en el poder, por ningún motivo es ya una opción y no genera ninguna mejora, más bien es la oportunidad de que la anquilosada y perversa clase política -muchas veces disfrazada de independientes- siga en el poder y continúe manejando de manera errónea los recursos públicos y lo que es más alarmante, el destino y realidad de millones de mexicanos.
Vivimos en un país donde gran parte de los problemas, son consecuencia directa de la corrupción. Transparencia Internacional destaca que en 2017, en México, la corrupción nos costó alrededor de los 347 mil millones de pesos; más allá de la indignación que origina esta cifra, debemos de entender que a causa de este desfalco, miles de hospitales se dejaron sin abasto de medicamentos, múltiples clínicas se dejaron de construir, miles de investigaciones científicas no se realizaron, millones de niños y jóvenes se quedaron sin becas para continuar sus estudios, no se construyó la infraestructura carretera y aeroportuaria que el país necesita y por ello nunca va a alcanzar el dinero para poder construir las refinerías que se necesitan para aminorar los costos de la gasolina, entre otras tantas cosas.
No más regalos de millonarias sumas de dinero público a los malos políticos, es el momento clave para que los ciudadanos utilicemos el poder del voto, y así hacer posible el cambio de este país que ha transitado por hondas crisis y recesiones económicas, que ha padecido emergencias sociales y humanitarias permanentes, un país que ha sido víctima de la decisión legislativa errónea de de hacer legal el despojo de sus riquezas naturales y recursos como el petróleo, que por cierto, no contribuyó a bajar el precio de la gasolina, el gas o la electricidad.
El poder ciudadano no es una frase de izquierda, derecha o centro, es una necesidad apremiante para el país; es ahora una obligación de cada uno y de todos los ciudadanos para reorientar el presente y construir un futuro de certidumbre. Este 1 de julio, se debe manifestar el atrevimiento y arrojo de los ciudadanos, debe ser el inicio del final de esta clase política corrupta que ha gobernado mal nuestro país; el cambio implica votar diferente y votar con conciencia para cortar esa cadena de complicidades que tanto mal hace y daña a cada persona de nuestro México.
@Ruben_Drago
Premiar con 300 mil millones de pesos, el bolsillo de gobernantes | Por Rubén Ignacio Pedraza Barrera
