Zuhey Medina / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Colectivas pro elección se manifestaron este martes en las puertas del Congreso de Michoacán para rechazar un dictamen que sería votado en sesión extraordinaria, y que había sido anunciado como un avance para despenalizar el aborto en el estado.
Al menos una veintena de colectivas, integradas por ILEMich, así como otras con el Frente Violeta Michoacán y la Asamblea de Mujeres Michoacán, por mencionar solo algunas, se posicionaron tajantemente en contra del dictamen.
De forma coincidente con los grupos autodenominados “provida”, aunque por motivos completamente contrarios, las feministas se sumaron al intento de frenar su avance en la sesión.
Finalmente, aunque los grupos antiderechos se colgaron “la victoria”, el legislador presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Hernández Peña, indicó en rueda de prensa que fue removido del orden del día debido a omisiones en el procedimiento legislativo.
¿Por qué las colectivas rechazan el dictamen?
“Si bien, esta noticia retumbó con alegría en los círculos feministas, rápidamente nos dimos cuenta de que no es más que un engaño y una simulación más de las y los diputados”, indicó a través de un posicionamiento el Frente Violeta Michoacán.
Para ILEMich esta propuesta no garantiza el derecho de las michoacanas a decidir libremente sobre su cuerpo y su vida. Además:
“Infantiliza, patologiza, estigmatiza y menoscaba a las mujeres que han decidido libremente interrumpir su embarazo al obligarlas a ingresar a un programa de educación sexual y atención psicológica”.
Tanto ILEMich, el Frente Violeta Michoacán y la Asamblea de Mujeres consideran que el dictamen continúa criminalizando a aquellas que deciden interrumpir el embarazo ya que esta reforma no quita al aborto como un delito.
También piden que el Congreso del Estado acate la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinada el 7 de septiembre del 2021.
De forma particular, el Frente Violeta llama a que los legisladores incluyan modificaciones a la Ley de Salud, para que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sea considerada como un servicio que debe ser otorgado por el estado.
