Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Los cuatro militares detenidos por el caso Ayotzinapa denunciaron a diversos funcionarios, entre los que se encuentra el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Acusan que dichos funcionarios incurrieron en los delitos por fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones, delitos contra la administración de justicia y lo que resulte, luego del informe presentado el 18 de agosto.
Los abogados César Omar González y Alejandro Robledo representan al general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento, Eduardo Mota y el subteniente, Fabián Alejandro Pirita. Los tres primeros fueron detenidos el 15 de septiembre y el último, al día siguiente del informe.
La defensa consiguió un dictamen pericial en materia de informática que demuestra la falsedad de los mensajes que vinculan al general Rodríguez con los Guerreros Unidos. En ese supuesto intercambio el general ordena matar y desaparecer a los normalistas; en otros se vincula a los militares con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
En la denuncia, solicitan que la FGR cite como testigos a integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) así como a Encinas, quien es autor del informe presentado por la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ) del 18 de agosto. También que cite a diferentes elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“En su intento por obtener resultados rápidos y visibles el subsecretario Encinas hizo a un lado a sus colaboradores presentando a sus espaldas un informe falto de rigor, elaborado con evidencia cuestionable por no decir abiertamente falsificada y puso en peligro el futuro de la investigación y las esperanzas de justicia de los familiares de los estudiantes y la confianza de la sociedad”, acusó César Omar González.
Para los abogados, esta comisión no tiene como objetivo ni la verdad ni la justicia, al ser “irresponsable por producir resultados e incriminar al ejército”. También señalan que anteponen su “necesidad de reconocimiento” por lo que cayó “en los mismos vicios que tanto criticó a quienes lo precedieron en la investigación”.
Para Alejandro Robledo, Encinas debería renunciar a la presidencia de la COVAJ.
Con información de Proceso
