Por Juan Adolfo Montiel Hernández
En México, desde 1977, hemos tenido diferentes reformas electorales para ajustar, para adecuar, para fortalecer nuestra democracia electoral; sin embargo, las reformas electorales que dieron motivo a la creación del IFE como un órgano autónomo, y posteriormente en 1996, en donde se excluyó a la Secretaría de Gobernación en ese órgano electoral, así como las siguientes reformas derivado de los resultados electorales como fueron la de 2007-2008 o la de 2014, que dio paso a la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), todas ellas fueron exigencia de los partidos de oposición hacia el gobierno.
Es por ello que la reforma electoral, que ahora se propone desde el gobierno, genera inquietud, ya que no es de la oposición, no son los partidos que quedaron en minoría quienes estén demandando y que estén estableciendo la necesidad de ajustar el marco electoral, las reglas y la forma de la designación de las autoridades electorales, ya que desde 2014 con la creación del INE, se han venido haciendo los ajustes en el andamiaje de los elementos electorales para hacerla funcional, para hacerla efectiva y para hacerla eficiente.
Gracias a ello y a otras cosas, es que hemos logrado alternancias en el poder, en la representación política. Por ello causa suspicacia que ahora el gobierno sea quien desee reformar cuando esas normas fueron las que le permitieron hoy en día lograr el triunfo y estar en el gobierno. Veamos qué ocurre en días próximos.
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