El Congreso de Michoacán recibió la solicitud de juicio político contra el gobernador, quien incurre en responsabilidades electorales, administrativas, políticas y penales que violan la Constitución Estatal, señaló el legislador local.
“No sé de dónde lo pago”, contestó tajante el secretario de Finanzas al ser abordado por la prensa en torno al tema. “No olvidemos el decreto de austeridad, que establece que no hay viáticos ni pago de salidas al extranjero para cualquier funcionario”, enfatizó.
Según la periodista el entorno de Adam Schiff, presidente del Comité Selecto Permanente de Inteligencia, habría aceptado directamente que Silvano mintió sobre el contenido de la conversación.
El gobierno de Michoacán no tiene recursos para responder por la nómina del sector educativo en el cierre del presente ejercicio fiscal, deuda que no podría ser subsanada con un crédito bancario, ya que el gobierno de Silvano Aureoles está por terminar, dijo el secretario Carlos Maldonado.
El gobernador de Michoacán no descarta realizar una gira nacional para propagar su mensaje “por la legalidad y la paz” para evitar, dijo, que el crimen organizado gobierne el país en 2024. “A Estados Unidos le preocupa lo que pasa en México. Iré hasta donde tope”, aseguró.
La presidenta municipal de Lázaro Cárdenas destacó avances en materia económica y obra pública, así como disminución de deuda en el Ayuntamiento del 58%. “Si se continúa a este ritmo administrativo, en el año 2024 no quedará deuda alguna”, confió.
De acuerdo con el artículo 61 de la Constitución del Estado, cuando el Gobernador salga del territorio nacional con motivos oficiales deberá informar a su regreso de manera escrita.
El mandatario michoacano fue denunciado por traición a la patria, mal uso de recursos públicos, peculado “y lo que resulte de las investigaciones que se van a realizar a partir de la denuncia”.
El mandatario estatal señaló que de no tomar las medidas necesarias será inevitable pasar a semáforo rojo en las próximas semanas, y que habrá reuniones con todas las autoridades educativas para determinar viabilidad del regreso a clases presenciales.
