Los tribunales no tienen ni la más mínima concepción de lo que es la planeación y la presupuestación, cuando fue la propia SCJN la que estableció la necesidad de que el INE solicitara un presupuesto precautorio y ahora sostienen la tesis de que no se puede pronunciar sobre hechos futuros de incierta realización, frente a la solicitud cautelar de suspensión solicitada por el INE.
La actual administración estatal comenzó con señalamientos de escandalosos presuntos actos de corrupción que se dieron durante el periodo de gobierno de Silvano Aureoles Conejo. Los elementos para inferir que hubo desvíos, malos manejos, contratos amañados, y que sí hubo presumiblemente actos de corrupción, han sido suficientes desde el principio.
2022 es un año desafiante, pero también es un año de oportunidades que depende mucho de los actores políticos que estos se concreten y nos transformen en sociedades progresistas avanzadas, de vanguardia, tal como lo requieren y lo demandan sus ciudadanos.
Si antes no se tuvo el valor de tomar medidas contra el senador García Conejo, por su familiaridad y cercanía también con el exgobernador Silvano Aureoles, ahora se empuja una reconfiguración interna que podría ir limitando poco a poco la operatividad del medio hermano.
El INE necesita que los jueces hablen con seriedad, con cuentas y con competencia, para que clarifiquen cuál ley debe quedar sin efecto; lo cual de por si no sería afortunado porque se orillaría a llevar un ejercicio de revocación de mandato sin las mismas condiciones o procedimientos mediante los cuales fue electo quién tiene el mandato, además de que podría pulverizarse el derecho de la ciudadanía a la participación.
El gobernador tiene que acelerar el paso para sacar el mayor provecho posible de la relación que presume con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en el terreno de los hechos sólo le quedan dos años de gobierno efectivo, ya que la parte final, en el 2024, la expectación está ya puesta en el relevo presidencial.
Desde su diputado local y federal hasta su senador federal, ¿tienen ellos empatía con su salario o es sólo un discurso hueco para buscar simpatizantes electorales y una sociedad no igualitaria y sí lectora? Aunque al final sé que la tinta se secará y tal vez algunos reflexionarán, tengo la esperanza de que por lo menos uno tome conciencia el día que haga su elección y voté por congruencia, no por discurso, simpatía y causas sociales.
Hay elementos suficientes para dudar sobre la institucionalidad de las decisiones que tomaría el actual auditor frente a quien en su momento fue su jefe administrativo, tanto en Zitácuaro como en el mismo gobierno del estado, del cual fue delegado administrativo en la Secretaría de Finanzas, donde, por si fuera poco, se investigan contratos que cuestionan la honorabilidad del máximo fiscalizador del estado.
Lo que está de fondo es el sistema electoral que se ha construido en las últimas tres décadas, ese sistema que ha permitido la alternancia y la existencia del sufragio efectivo que ha reflejado el pluralismo en el mapa electoral del país. Ese sistema que se fue conformando con los reclamos de quienes se sentían derrotados a la mala, y que fueron puliendo una Institución que en las últimas encuestas brilla por el apoyo de la ciudadanía. Ahora toca que hablen los jueces.
Los análisis de seguridad pública son útiles para generar políticas para combatir el crimen y aportan elementos valiosos a la discusión, pero no bastan para comprender integralmente el fenómeno de la violencia. Del mismo modo, quienes visualizan nuestra violencia —sí, nuestra, de todos los mexicanos y mexicanas— como una “ola” se quedan muy cortos, pues desestiman el carácter estructural del fenómeno.
