Para participar en este ejercicio democrático del 10 de abril, hay dos requisitos que los ciudadanos deben tomar en cuenta antes de salir a ejercer su voto, aunque el INE incluyó un tercero por motivos de salud.
Con la participación de la GN, FGE, Policía Municipal, Cruz Roja y Protección Civil, sumarán mil 800 efectivos para garantizar la seguridad durante el periodo vacacional.
Al consejero presidente Lorenzo Córdova se le preguntó si se sentían intimidados, a lo que respondió: “Estamos preocupados. Lo acaban de ver; quieren intimidarnos, pero no lo lograrán; no es la primera vez que se quiere intimidar al Instituto Nacional Electoral”.
De las 25 medidas cautelares por promoción de la consulta, cinco se otorgaron por dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador; cuatro contra la Consejería Jurídica y Vocería de la Presidencia, y tres contra la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.
La secretaria Rosa Icela Rodríguez reconoció que de los pendientes en materia de seguridad, “de todos los relevantes, hemos estado siguiendo las investigaciones”, y remarcó que “es un trabajo de todas las instancias del gabinete de seguridad y también de las mesas estatales y con las fiscalías y la secretarías”.
“La apertura de la carrera se deriva de una necesidad real que requiere el uso de tecnologías específicas para incrementar el rendimiento productivo del campo y el suministro de alimentos”, dijo el director general de Conalep Michoacán, Osvaldo Ruiz Ramírez.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE extendió las medidas a otros 10 integrantes del gabinete federal, senadores, gobernadores y al presidente de Morena. “Se trató de un fin de semana desafortunado para la democracia”, dijo el consejero Ciro Murayama.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, lamentó que se tenga que aprobar este proyecto de acuerdo, pero “se acatará la ley aunque no tenga sentido la ley” que establece una serie de prohibiciones, “que es absurda, porque durante tres días no se va a promover un ejercicio de participación ciudadana”.
Sin embargo, comentó el magistrado presidente, Jesús Sierra Arias, en favor del cuidado a la salud del personal, “cada titular de área decidirá cómo y en qué tiempos distribuye el trabajo entre sus compañeros”.
Los protestantes entraron a las oficinas de la fiscalía para destruir mobiliario de las oficinas y demás artículos. Acusan al fiscal general michoacano, Adrián López Solís, de colaborar en la represión a comuneros en Arantepacua, en 2017, ya que entonces fungía como secretario de Gobierno del gobernador Silvano Aureoles Conejo.
