El Gobierno de Michoacán ya no tendrá que pagar mil 740 millones de pesos que se habían heredado de deuda por la administración de Silvano Aureoles y que habían sido programados para la contratación irregular de servicios en el cuestionado centro de seguridad C5.
El gobernador del estado remarcó que se ordenó una auditoría a fondo sobre esta dependencia de seguridad para revisar posibles fraudes y que no se solapará a nadie a partir de los hallazgos.
El C5i, inagurado en septiembre de 2019, “conecta con 11 subcentros distribuidos en el territorio estatal y permitirá monitorear en tiempo real 6 mil 60 videocámaras en todas las regiones del estado”, según información del gobierno anterior.
