El presidente, con una gráfica, señaló que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto apostaron por combatir la delincuencia mediante enfrentamientos a balazos, lo cual dejaba más muertos que heridos, “es decir, que el que quedaba herido, no lo curaban… para decirlo suavemente”. Aseguró que su gobierno ha contenido la cifra heredada.
La defensa del exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, único detenido por la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, solicitó se entrevistara a Peña Nieto, así como a una docena más de políticos señalados por Lozoya.
De 2012 al 2018, empresas con “características de fachada” fueron contratadas por los gobiernos de los dos sexenios anteriores para proporcionar software para “efecto de espionaje telefónico”, primero mediante la empresa NiceTrack Location Tracking, luego con Pegasus, pagando más de 32 millones de dólares.
Según la publicación de Sin Embargo, la vida del expresidente de México es como la de un multimillonario, “no tiene trabajo conocido, pero disfruta de su fortuna importante, por sus viajes y los lugares que frecuenta. Una fortuna que le permite vivir, aparentemente, sin preocupaciones”.
Fueron señalados en la denuncia que hizo Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. A José Antero Rodarte, por ejemplo, lo identificó como “la persona que manejaba el efectivo del Presidente” Enrique Peña Nieto y se encargaba del resguardo de “maletas llenas de fajos de billetes”.
Entre los periodistas espiados se encuentran Carmen Aristegui, Jenaro Villamil y Cecilio Pineda, quien en 2017, un mes después de revelarse su número en la lista de posibles objetivos, fue asesinado.
A Idelfonso Guajardo se le acusa de un presunto incremento injustificado en su patrimonio entre 2014 a 2018, cuando fungió como titular de la Secretaría de Economía, según la FGR.
Con el beneplácito del expresidente Felipe Calderón, mediante Juan José Suárez Coppel, y luego de Enrique Peña Nieto, con Emilio Lozoya Austin, buscaron que Pemex y la constructora ibérica Sacyr tomarn el control ejecutivo de Repsol, pero fracasaron.
Con respecto de la evolución de la deuda, la Auditoría Superior de la Federación calificó que en el segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pago de amortizaciones fue el adecuado y conforme a los lineamientos establecidos en la materia.
De acuerdo con el diario El País, el lavado de dinero de Collado “arrancaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana” (Tiber, ByB y Eurofimex, y la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont), y luego transfería el recurso a una cuenta en la Banca Privada d’Andorra a nombre de una sociedad de papel.
