México requiere un gran acuerdo donde todos los actores políticos, económicos y sociales asuman la democracia como el espacio para diseñar políticas de larga duración, acceder al gobierno, disentir, coincidir y diseñar políticas de Estado.
Se suele debatir si la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder representó un simple cambio de gobierno o, más bien, un cambio de régimen. En un cambio de gobierno, el Ejecutivo cambia de titular (y quizá de partido), pero las instituciones, los hábitos y los mecanismos para ejercer el poder político siguen siendo los mismos y, en muchos sentidos, el sistema económico y el entramado legal se mantienen vigentes.
Cuando las rutas políticas son tan claras, tanto de los partidos políticos como de los mismos actores interesados en participar en los procesos, se comienza a ajustar la estrategia una vez definidas las candidaturas que competirán, es decir, una visión meta electoral que va más allá de la jornada electiva, dado que muchos no compiten en las candidaturas que realmente querían ni tampoco en las condiciones aliancistas que hubieran deseado, pero se ajustan a las realidades político-electorales del momento para trabajar su ruta con una visión superior y que va más allá de una elección.
Los tribunales no tienen ni la más mínima concepción de lo que es la planeación y la presupuestación, cuando fue la propia SCJN la que estableció la necesidad de que el INE solicitara un presupuesto precautorio y ahora sostienen la tesis de que no se puede pronunciar sobre hechos futuros de incierta realización, frente a la solicitud cautelar de suspensión solicitada por el INE.
La actual administración estatal comenzó con señalamientos de escandalosos presuntos actos de corrupción que se dieron durante el periodo de gobierno de Silvano Aureoles Conejo. Los elementos para inferir que hubo desvíos, malos manejos, contratos amañados, y que sí hubo presumiblemente actos de corrupción, han sido suficientes desde el principio.
2022 es un año desafiante, pero también es un año de oportunidades que depende mucho de los actores políticos que estos se concreten y nos transformen en sociedades progresistas avanzadas, de vanguardia, tal como lo requieren y lo demandan sus ciudadanos.
Si antes no se tuvo el valor de tomar medidas contra el senador García Conejo, por su familiaridad y cercanía también con el exgobernador Silvano Aureoles, ahora se empuja una reconfiguración interna que podría ir limitando poco a poco la operatividad del medio hermano.
El INE necesita que los jueces hablen con seriedad, con cuentas y con competencia, para que clarifiquen cuál ley debe quedar sin efecto; lo cual de por si no sería afortunado porque se orillaría a llevar un ejercicio de revocación de mandato sin las mismas condiciones o procedimientos mediante los cuales fue electo quién tiene el mandato, además de que podría pulverizarse el derecho de la ciudadanía a la participación.
El gobernador tiene que acelerar el paso para sacar el mayor provecho posible de la relación que presume con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en el terreno de los hechos sólo le quedan dos años de gobierno efectivo, ya que la parte final, en el 2024, la expectación está ya puesta en el relevo presidencial.
Desde su diputado local y federal hasta su senador federal, ¿tienen ellos empatía con su salario o es sólo un discurso hueco para buscar simpatizantes electorales y una sociedad no igualitaria y sí lectora? Aunque al final sé que la tinta se secará y tal vez algunos reflexionarán, tengo la esperanza de que por lo menos uno tome conciencia el día que haga su elección y voté por congruencia, no por discurso, simpatía y causas sociales.
