Las fuerzas armadas han ganado poder político y capacidad de influencia sobre la administración pública y las decisiones de gobierno, por lo que nadie se atreve a decirle que no a los militares, nadie se atreve a quitarles ese poder que ya ganaron.
El reconocimiento en la Constitución federal del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades originarias para ejercer sus propias instituciones, entre otras, las políticas y culturales, ha permitido que se esté evolucionando en la organización del poder y en sus instituciones, tanto indígenas como no indígenas, lo que no es otra cosa, que la convivencia entre el sistema de partidos y el comunitario, incorporando al sistema de tres órdenes de gobierno, el cuarto.
Esta discusión se mezcla con la situación económica de las familias michoacanas y con el nivel de desconfianza y rechazo que han despertado y alimentado los mismos gobiernos respecto a cualquier medida que toman, en función de que no rinden cuentas, lo que manda el mensaje de que sólo el ciudadano tiene que entender al gobierno en turno, pero no a la inversa.
El INE no obstaculiza de ninguna manera el ejercicio de un derecho político novedoso para revocar por pérdida de confianza un mandato de la Presidencia de la República. Sin embargo, sí tiene frente a sí retos logísticos y presupuestales de grandes dimensiones.
El viernes 19 de noviembre, decenas de trabajadores, profesores, egresados y estudiantes del CIDE realizaron una protesta pacífica ante las oficinas del Conacyt. Muchos medios han reportado que el propósito principal de la manifestación fue solicitar la destitución del director general interino, José Antonio Romero Tellaeche. En realidad, fue mucho más que eso.
Este proceso de destrucción transcurre sin sobresaltos debido a que los resultados de las elecciones federales del 2021 en Michoacán no generaron movimientos posteriores a la Jornada Electoral. Pero no siempre ha sido así, al menos en la historia reciente electoral de México ha habido dos momentos en que la destrucción generó polémicas intensas. Me refiero a las de 1988 y las de 2006.
El mismo gobernador Alfredo Ramírez Bedolla refirió en su momento de manera específica que el proceso de revisión que se realiza de la nómina educativa con clave estatal tardaría alrededor de seis meses, postura que tuvo hace apenas un mes en el marco del proceso de cumplimiento del pago de los pendientes salariales con el magisterio michoacano que habían sido heredados por la administración pasada.
Ya desde su conformación mayoritariamente cercanos a la exlegisladora morenista Cristina Portillo, no se podía esperar un final feliz en la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Así, se consumó el asalto al Sistema Estatal Anticorrupción, cuando sus aliados con evidentes conflictos de intereses eligieron a Carlos Alberto Gamiño García, especialista en temas migrantes –no de combate a la corrupción– y colaborador cercano de la exdiputada.
En mi opinión, lo preocupante de la llegada de Gómez a la UIF es, más bien, que se trata de un hombre que profesa una férrea lealtad al presidente López Obrador, lo cual sugiere que su primer criterio al emprender investigaciones financieras será la opinión presidencial.
Silvano Aureoles asomó la cabeza tras 42 días de haber dejado el cargo de la gubernatura y haberse ido por la puerta trasera, y lo hizo para reclamar “la exhibida” por los lujos y características de la Casa de Gobierno donde vivió. Sin embargo, no le ha nacido responder al caso del contrato de espionaje con el cual pactó entregar 132 millones de dólares al empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de lavado de dinero y defraudación fiscal, y que, por cierto, se encuentra prófugo.
