De eliminarse la prisión preventiva oficiosa, Michoacán estaría entre las entidades más afectadas a nivel nacional, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, llamó a la SCJN a respetar la división de poderes y no excederse en sus facultades respecto al tema de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, puesto que podrían liberar a 68 mil presuntos delincuentes.
Los gobiernos de Coahuila, Veracruz y Yucatán no han concretado la colaboración entre sus sistemas penitenciarios estatales y el INE para garantizar el voto en personas detenidas de forma preventiva.
Son más de 2 mil 685 personas en prisión preventiva, en Michoacán, las que podrán participar en la elección, únicamente, a presidente o presidenta de la República el próximo domingo 2 de junio.
Del 6 al 20 de mayo del próximo año el Instituto Nacional Electoral (INE) realizará la votación anticipada de las personas en prisión preventiva -sin sentencia condenatoria-, para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió el debate sobre el proyecto que busca acotar la prisión preventiva oficiosa automática, por lo que esta se retomará hasta el 24 de noviembre.
De acuerdo con el gobernador de Michoacán, esta determinación, de tomarse, “elevaría la impunidad”, lo que sería grave en las actuales circunstancias en que se encuentra el sistema mexicano de justicia.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla advirtió que la propuesta para declarar inconstitucional la prisión preventiva desde la SCJN, representa un retroceso a los avances en materia de seguridad pública.
“Está en la Primera Sala para determinar la inconvencionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa y si la Constitución puede ser inconstitucional”, anunció Arturo Zaldívar.
