Eran los primeros meses de 2010 y un pequeño grupo criminal, casi familiar, en Guanajuato contrató a dos empleados de Pemex para ubicar la ruta del producto y perforarlo en el mejor de los puntos, para hacer una toma clandestina. Los mismos técnicos les especificarían, a cambio de una renta mensual, los horarios para extraer el combustible y la cantidad que debían obtener cada vez, para que no provocaran la activación de un operativo de rastreo y localización.
A cambio del pago de derecho de vía, los dueños de las tierras permiten que la enorme tubería de la petrolera cruce, a tres o cinco metros de profundidad, por los secos y envejecidos campos de cultivo de la región, que por la sequía, la violencia o los pocos incentivos para la producción, permanecen subutilizados.
Pero también permiten que los grupos criminales perforen los ductos y, como en este caso, coloquen desde la toma ilegal del poliducto una larga manguera enterrada a lo largo de unos 500 metros, a cambio de un pago en especie o dinero semanal.
Al final, dentro de una enorme propiedad bardeada que da la apariencia de un bodegón o estacionamiento, los integrantes del grupo criminal, acompañados de albañiles, colocaron y fijaron la llave para conectar cada pipa o tanque que descargue el combustible, que de acuerdo con cálculos de Pemex pueden sustraer al menos 50 mil litros por día, lo que representa un margen de ganancia anual de por lo menos 250 millones de pesos.
Todos los involucrados son habitantes de la región, se conocen, conviven y se benefician directa o indirectamente. Mientras tanto, un equipo de seguridad de Pemex ha sellado más de 20 veces, en diferentes puntos, el mismo poliducto que recorre desde Veracruz, cruza el centro del país y justo en Guanajuato se dispersa en cuatro ramales con destino a San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco y Michoacán, el mismo ramal que en 2015 y 2016 provocó un desabasto de gasolina en por lo menos nueve estados, debido al incremento de las tomas clandestinas en los nodos de Salamanca y Cadereyta.
El año pasado Petróleos Mexicanos registró seis mil 159 tomas clandestinas, alrededor de 800% arriba que en 2010, año en que este grupo comenzó a operar y que fue descubierto hasta seis años después por la empresa productiva del Estado, pero sólo fue parcialmente desarticulado, por lo que las investigaciones continúan, porque sólo cambiaron de ubicación.
En sólo 15 años, el robo de combustible se colocó como uno de los negocios ilícitos más rentables, junto con el narcotráfico, tráfico de armas y de personas, que afecta a 25 estados del país, aunque son 10 en donde se concentra este ilícito. En el primer semestre de 2017, Pemex registró 5 mil 75 tomas clandestinas, el 88.13% se concentró en esas 10 entidades: Guanajuato con 991, Puebla 669, Tamaulipas 619, Veracruz 543, estado de México 460, Hidalgo 439, Jalisco 250, Sinaloa 205, Morelos 159 y Querétaro 138.
Este fenómeno se alimenta de la infraestructura de Pemex, que no ha sido capaz, a pesar de haber incrementado en 12 años en 588% su gasto de seguridad, en proteger sus 89 terminales de almacenamiento y reparto, y los 8 mil 958 kilómetros de ductos y poliductos por los que transporta petróleo y combustibles.
A esto se suma la creciente demanda que existe en el país, pues en los últimos 13 años, México incrementó aceleradamente su consumo de combustibles y paso del octavo al cuarto lugar como consumidor global de gasolinas. Actualmente, el país importa aproximadamente el 53% de las gasolinas que consume, pero la red de ductos y almacenamiento no ha crecido ni se ha modernizado en casi dos décadas.
El robo de combustible ha atraído a grupos criminales que antes sólo se dedicaban a secuestros o al tráfico de drogas, pero que ahora, ante lo redituable de este ilícito, han ampliado su cartera. Y es que informes internos de Pemex consultados por ejecentral estiman que de una sola toma clandestina es posible sustraer 119.5 miles de barriles por año, que representa una ganancia para esos grupos superior a los 250 millones de pesos, por toma.
En cambio, las pérdidas para la empresa productiva del Estado no sólo considera la sustracción del combustible o diesel, sino la reparación de la tubería y el posible daño ecológico provocado en la zona que se pagan a través de seguros cada vez más onerosos para Pemex; así como la detención del servicio de combustible y la pérdida del mercado. Este costo total nunca ha sido dado a conocer por la petrolera y de acuerdo con la información recabada por este semanario, alcanzaría los 40 mil millones de pesos.
Pero al hacer el cruce de datos sobre los lugares en donde más ha crecido el robo de combustible, se observa que son los mismos en que se registra un incremento de violencia, el agravamiento del desempleo y marginación, y un extenso cambio de uso de suelo, transformándose de terrenos ejidales a propiedad privada, y al mismo tiempo se van perdiendo tierras de cultivo, como ocurre en Veracruz y en menor medida en el resto de las entidades.
De acuerdo con el Registro Agrario Nacional, en los primeros siete meses de este año, en esas 10 entidades se desincorporaron 32 mil 961 hectáreas para uso pleno, es decir, cambió el uso de suelo y dejaron de ser terrenos ejidales, equivalentes a más del 18% de las 183 mil hectáreas que a nivel nacional dejaron de ser pertenencia social para convertirse en propiedad privada.
En algunas de esas entidades la tasa desempleo se agravó en el segundo trimestre de este año, y en contraparte se incrementó la cifra de personas en la informalidad laboral. Tal es el caso, por ejemplo, del estado de México, con 270 mil 571 personas desocupadas y un 54.5% de su Población Económicamente Activa (PEA) se ubica en la informalidad.
Otros casos que reflejan el fenómeno de desocupación laboral son: Veracruz, con 115 mil 155 desempleados y el 68.8% de su PEA en el sector informal; Guanajuato, con 103 mil 358 personas en desocupación y 56.3% de la población en la informalidad; Jalisco con 96 mil 352 desempleados y 49.7% informales; Puebla con 94 mil 158 personas desocupadas y el 73.2% el mercado informal; e Hidalgo con el mayor porcentaje a nivel en la informalidad con el 73.5% de su población en esa condición.
En el mismo periodo, las victimas de asesinato aumentaron en la decena de entidades, con incrementos como el de Veracruz que fue del 69.9%, 68.9% de más muertes violentas en Sinaloa, 52.7% aumentó en Querétaro, y 47.7% en Hidalgo. Respecto a la incidencia de secuestro, hubo 50.6 y 36.3 por ciento más víctimas en Veracruz y Tamaulipas; mientras que las extorsiones crecieron en 243.9% en Veracruz, en Tamaulipas aumentaron 94.3% las víctimas, y en el estado de México se acrecentó en un 40 por ciento.
La pobreza del huachicol
Hace cinco años en Puebla se denunciaban cincuenta tomas clandestinas para el robo de hidrocarburo, la cifra superó ya las 600. Y es precisamente esa entidad y Tamaulipas las que concentran el mayor número de tomas clandestinas descubiertas, en especial en dos municipios en los que, al mismo tiempo, han empeorado las condiciones de pobreza.
En Altamira, Tamaulipas, donde se ubicaron 515 tomas ilícitas en 2015, según el reporte Situación actual y perspectivas sobre el robo de hidrocarburos en México 2016, elaborado por la consultora Etellekt con base en información de Pemex, el 47.6% de la población se encuentra en situación de pobreza moderada o extrema, de lo que 40.4% está en pobreza moderada y 7.2% en pobreza extrema. Sólo el 17.2% de la población, de 212 mil habitantes, se encuentra en una situación de no pobreza o de no vulnerabilidad de algún tipo. En relación con los indicadores de carencia social, el Coneval determinó que 57.1% de los habitantes de este municipio, es decir, 129 mil 390 personas carecen de acceso a seguridad social.
En 2014, el 16.5% de los habitantes de Puebla, considerado el epicentro del robo de hidrocarburos, se encontraba trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, o que labora más de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios mínimos, según datos del INEGI y de la OCDE.
En la región del llamado Triángulo Rojo en esa entidad, que comprende los municipios de Acajete, Acatzingo, Palmar de Bravo, Quecholac y Tepeaca, además de figurar como los de más ordeñas a ductos de Pemex, el 80% de su población vive en situación de pobreza. Los salarios de las actividades agrícolas, la principal ocupación en esta región, no pueden competir.
En esa misma región, el Reporte sobre el Porcentaje de Población en Situación de Pobreza 2010 elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), refiere que 58 mil 516 personas, equivalente a uno de cada cuatro pobres, enfrenta una situación de pobreza extrema, es decir que tienen tres o más carencias de las seis que mide el Coneval, además se encuentran por debajo de la línea de bienestar mínimo, lo que significa que no pueden acceder la canasta básica de alimentos, bienes y servicios primordiales.
Golpe ambiental
En el aspecto de las repercusiones en el ámbito agrícola, una condición que está tomando fuerza y que a la fecha no se cuenta con un registro oficial o análisis de la situación actual es el del impacto ambiental y de salud pública que la derrama de combustible, derivada de la extracción ilegal, están causando en los terrenos de cultivos.
Al respecto, el biólogo Jerónimo Chavarría Hernández, jefe de laboratorio de Cambio Climático y Ordenamiento Territorial en la Universidad Iberoamericana de Puebla, sostuvo que “una vez que abren o perforan los ductos hay un derrame que de cualquier índole, y aunque a lo mejor no es a gran escala sí son constantes. Entonces el daño va contaminando los suelos aledaños, que en muchos lugares de esta parte del Triángulo Rojo, los ductos pasan cerca o muy cerca de zonas de cultivo que son afectada severamente por esta derrama de hidrocarburos”.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de 2006 a 2012, Puebla fue el cuarto estado con el mayor número de derrames de petróleo a nivel nacional, con un total de 6.91 de billones de barriles de petróleo derramados. Se estima que 42% del total de las emergencias ambientales entre 1993 y 2002 estuvieron relacionadas con siniestros causados por escapes de hidrocarburos, toda vez que en el estado existen gasoductos que atraviesan más de 25 localidades, lo que las hace vulnerables a derrames o a algún tipo de explosión, señala parte de la investigación titulada las Afectaciones y Consecuencias de los Derrames de Hidrocarburos en suelos agrícolas de Acatzingo, Puebla, elaborada por el Centro Interdisciplinario de Posgrados de la Universidad Popular Autónoma de Puebla.
Se normaliza la criminalidad
El 31 de mayo de 1957, el entonces secretario de agricultura, Gilberto Flores Muñoz, declaró en una entrevista al periódico Excélsior que “cerca del 50% de los campesinos se quedaron sin ningún medio de vida”, se agudizo la expulsión de mano de obra, la dependencia de créditos oficiales, los costos de la cosecha resultaban desfavorables y generaron pueblos fantasmas en aquel entonces.
Sesenta y dos años después de esa declaración que derivó en un cambio en las políticas públicas sobre la tenencia de la tierra y que dio paso a la transformación del campo mexicano, hoy por hoy, tal parece que una de las formas de salvación para todas esas comunidades es la ordeña a los ductos y poliductos de Pemex, aprovechando que casi nueve mil kilómetros de ductos transitan por propiedades ejidales o privadas, favoreciendo un nuevo fenómeno social que se vislumbra cuando una comunidad sale a defender la ilegalidad. A decir de los especialistas en el tema, se sociabilizó la impunidad.
De acuerdo con investigadores de la Policía Federal, de las procuradurías General de la República y de estados como Puebla, Querétaro y Guanajuato, consultados, la complicidad o la tolerancia de una comunidad ocurre en la operación del robo de combustible, pues se benefician indirectamente de ello ante la debilidad de su propia economía. Los grupos criminales, coincidieron, han hecho uno de sus objetivos el apoyo social y la protección institucional. Por ello regalan parte del producto o lo ofrecen a los pobladores a muy bajo precio; también llevan a cabo tareas de apoyo, sea transporte o vigilancia, por lo que obtienen un sueldo de entre 12 o 15 mil pesos mensuales.
“Los grupos delictivos utilizan la necesidad de la gente para escudarse en ellos, de alguna manera hacen uso de ellos y esto ha generado una problemática social. Pero el problema real es por la justicia social en el país que sigue siendo el problema más fuerte que no se ha atendido (…) Evidentemente si llega alguien a ofrecerte en un día lo que ganas en 15 días o en un mes, pues la situación de pobreza o de carencias económicas hace que la personas tomen el camino fácil”, señaló Waldo Fernández González, presiente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional Congreso de la Unión.
En entrevista con el diputado perredista, señaló que para atender dicha situación forzosamente habría que atenderlo “desde la perspectiva de la injusticia social que persiste y que a su vez tiene que ver con éste asunto, pero también con la situación de seguridad, jóvenes que migran a la delincuencia organizada o robos comunes, que acrecientan esta situación”.
El robo de combustible “es una realidad y la descomposición social que provoca es la ‘normalización de la criminalidad’ cuando familias enteras o comunidades se involucran es cuando uno entiende ese concepto, porque todos se vuelven criminales (…) Es mucho más productivo para la gente dedicarse a este crimen que seguir cultivando sus tierras por eso hay que sancionar y castigar a los responsables y hay que reactivar la economía de las comunidades para que el campo vuelva a producir, y que la mucha gente que se dedica a esto pueda volver a tener actividades productivas”, advirtió el senador Miguel Barbosa Huerta.
Al lado norte de la autopista Puebla-Veracruz yo he observado que esas planicies hermosas y productivas hoy están abandonadas. Miles de hectáreas que producían hortalizas, alfalfa, hoy están sin producción. A las afueras de Amozoc, delante de mí pasó una camioneta con tambos de plástico transparentes transportando gasolina. Ni siquiera iban simulados con una lona, a la vista de todos, descarados, y pasamos junto a un vehículo de soldados. No hicieron nada”, acusó el legislador.
A decir de Barbosa Huerta, el robo de combustible se formó y creció con el solapamiento y complicidad de la autoridad municipal, estatal y federal. “Cuando tanto servidores públicos y funcionarios de Pemex están evidentemente involucrados, porque en el caso de Pemex, todo el mapa de ductos, los horarios donde se hacen los envíos de combustible necesariamente fueron obtenidos, al principio, con la complicidad de funcionarios de Pemex. Se requiere de una investigación para determinar cómo fue el involucramiento y quiénes fueron las personas involucradas”.
Los grupos criminales
Hasta ahora, el robo de combustible es considerado como un delito federal, porque se trataba de una institución que forma parte de la estructura de gobierno dueña de un bien estratégico. Sin embargo, los investigadores revelaron que en cuanto la conformación legal de Pemex se transforme hasta convertirse en una verdadera empresa productiva y otras compañías se e incorporen a la venta de combustible, la sustracción de este producto se convertirá en un robo que deberán atender las procuradurías de justicia de las entidades, a menos de que se trate de casos en que participan grupos del crimen organizado.
Por ahora, el robo de combustible ha provocado o se ha acompañado de otros delitos cometidos en forma paralela, de acuerdo a las estadísticas oficiales. Por ejemplo, en Puebla y Guanajuato, donde el número de tomas clandestinas ha ido creciendo desde 2014, y también lo ha hecho tanto la presencia como la disputa territorial de organizaciones criminales, subgrupos y pandillas. Según información de inteligencia del gabinete de seguridad, una de estas organizaciones es el cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera, el cual mantiene operaciones en Guanajuato, los municipios colindantes con la zona del Bajío, en Jalisco, y la mitad de los aledaños a Michoacán y San Luis Potosí.
De acuerdo con el cruce de información de la red de poliductos de Pemex con el mayor número tomas clandestinas en 2015, resultó la que corre de la refinería de Salamanca a Guadalajara, donde se reportaron mil 469 perforaciones entre Guanajuato y Jalisco. En el primer trimestre de 2016, de 290 tomas clandestinas detectadas en la entidad, al menos 60% ocurrieron en esa red, y es precisamente el territorio que domina el CJNG.
En segundo lugar se ubica Tamaulipas, al presentar un incremento de 34% entre el 2014 y 2015 alcanzando las 926 tomas clandestinas. Aunque en el último año fue rebasado por Guanajuato, la entidad tamaulipeca continuó con el número más alto en el periodo del 2000 al 2015. Son dos municipios los que concentraron 81% de las tomas reportadas en 2015: Altamira, donde se ubica el llamado Bloque Altamira que produce crudo pesado y González, donde atraviesa el poliducto Madero-Cadereyta. En ambos municipios el cártel dominante es el del Golfo.
El combustible que más extrae el Cártel del Golfo (CDG) en la entidad es el petróleo crudo y que es comercializado vía terrestre hacia Estados Unidos y vía marítima al vecino país del norte, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. A esta organización delictiva las autoridades le atribuyen 90% de las tomas clandestinas en Tamaulipas.
“Hay mucha imprecisión con la aprobación de la ley federal para sancionar estos delitos y están en una nueva reforma para considerarlo delito grave, pero esta atorada en el Senado. Dentro de la cadena de combustible hay muchos aspectos que necesitan ser revisados para sancionarlos. Por ejemplo, la comercialización, almacenamiento, transportación del combustible robado, varias cuestiones que quizá se puedan tipificar a nivel de legislación local, pero hasta la fecha no hay ninguna iniciativa en ese sentido en ningún estado”, acusó Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt.
Para el diputado Waldo Fernández, se trata de un problema transversal en el que las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a actuar sin distingos de competencia. Por lo cual reveló que la comisión bicameral que preside, alista una iniciativa de ley para que el tipo delictivo sea el adecuado, que le permita a la PGR mejores condiciones para inhibir el delito y generar sanciones mayores, lo que no significa el incremento de pena sino la atención de la complejidad del delito.
“La participación estatal y municipal es un problema que hemos venido arrastrando. La presencia de un ilícito la tiene que atender la autoridad que esté presente, después si se determina un asunto federal, se remiten los detenidos a la Federación. El ámbito de competencia se ha confundido mucho, si hay presunción del delito o en flagrancia se toma conocimiento y remites a la autoridad correspondiente. Cuando argumentan lo de la competencia me parece que no quieren entrarle al asunto”, acusó.
El senador por el Partido del Trabajo (PT), Miguel Barbosa Huerta, reconoció que hay una laguna en cuanto a la determinación para que estos delitos no alcancen libertad bajo caución, lo cual refirió que se trata de un problema de “incompetencia” por parte de la autoridad investigadora para consolidar carpetas de investigación sólidas en contra de quienes han encontrado una forma de vida en el robo de los hidrocarburos y no tengan el beneficio de obtener su libertad.
Pérdidas y ganancias
En la primera reunión de trabajo del Grupo de Seguimiento Integral de Abatimiento al Mercado Ilícito de Combustibles, celebrada el 26 de enero de 2010, se ofrecía el primer diagnostico real del costo del robo de combustible. En 2009, establece el documento se detectaron 439 tomas clandestinas en ductos de Pemex refinación, con un valor aproximadamente de 4.5 mil millones de pesos. Los costos y reparaciones para ese mismo año ascendieron a un billón 210 millones 749 mil 349 pesos, lo que representa aproximadamente dos millones 764 mil 268 pesos por toma clandestina.
Actualmente, las cifras que Pemex difunde sólo considera la pérdida del combustible, como el caso de 2016, cuando tres mil tomas clandestinas dañaron a la empresa productiva del Estado en 30 mil millones de pesos. Para este año se estima que el costo ascenderá a 35 mil millones de pesos, esto equivaldría a alrededor de 4% del valor de la gasolina que se comercializa al año en el país.
Sin embargo, esos montos no incluyen otros costos, los costos que implica reparar una toma, el cual oscila entre los 250 mil y dos millones de pesos, dependiendo el daño. También debe incluirse el tiempo que involucra su reparación, que es de aproximadamente 24 horas; mismo tiempo en que se interrumpe el suministro de hidrocarburos a diversos centros de consumo.
En 2014, Pemex erogó para los trabajos de reparación 45.3 millones de pesos en mano de obra; las composturas costaron 360 millones; el pago por saneamiento de áreas afectadas por derrames fue de 230.9 millones de pesos, y la interrupción de bombeo y transporte costó mil 356 millones de pesos.
Además, se deben considerar los gastos en seguros. El 4 de julio de este año, Mapfre ganó por segunda ocasión la licitación de la póliza de Pemex con una prima superior a los 546 millones de dólares, una póliza 29% más elevada que la de 2015, que ampara a la petrolera, subsidiarias, empresas del grupo PMI, brazo comercial de Pemex y filiales, en la cobertura de daño físico directo a todo bien o riesgo en tierra y mar, y la responsabilidad civil general derivada de sus operaciones.
Esta es la segunda vez que gana la licitación, en el 2015 resultó ganador con una póliza de 423.3 millones de dólares, la cual en los últimos años se había adjudicado a Inbursa, aseguradora de Carlos Slim.
El robo de combustible ha atraído a grupos criminales que antes sólo se dedicaban a secuestros o al tráfico de drogas, pero que ahora, ante lo redituable de este ilícito, han ampliado su cartera.
Incidencia criminal, al alza
La infraestructura de distribución de Pemex se concentra en Puebla, Hidalgo, la Ciudad de México y Guanajuato, mientras que en la zona del Golfo la infraestructura de transportación de hidrocarburos pasa principalmente por Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, y es justo en esos estados donde hubo más tomas clandestinas en 2015. Aunado a ello la incidencia criminal registró alarmantes aumentos al comparar los registros de 2017 con 2016.
En Puebla crecieron los robos violentos, asaltos en carreteras, homicidios, extorsiones y secuestros, la incidencia de este último aumentó 540% en ese lapso, y las extorsiones pasaron de cero a 122 expedientes.
Los robos a casa habitación, a negocio y de vehículo con violencia aumentaron 663, 1,983 y 661 por ciento respectivamente en Guanajuato.
Veracruz registró un incremento del 27.15% en robos violentos, 163% en asesinatos y 915% en las investigaciones por secuestro.
179.89% se dispararon los robos violentos en Hidalgo.
Con 10,696 carpetas, los robos violentos subieron un 49.19% en Tabasco, y los secuestros se elevaron 750 por ciento.
Los plagios en Tamaulipas se dispararon 675% en el mismo lapso, y en 124.5% crecieron las muertes violentas.
¿Y la seguridad?
En 11 años, el área de seguridad de Pemex gastó más de tres mil 279 millones de pesos en pagos al ejército y la Marina por la contratación de servicios de seguridad y vigilancia en la red troncal de ductos. El crecimiento del gasto fue de 588%, sin que significara una disminución en el robo de combustible y diesel en el país, al contrario, se incrementó.
En 2004 la empresa productiva “del Estado pago al Ejército, por seguridad y patrullaje de sus instalaciones, 92 millones 553 mil 156 pesos. Once años después la cifra ya rondaba en 637 millones 611 mil 422 pesos.
El deterioro en la seguridad de Pemex frente al robo de combustible resulta inexplicable a partir de un documento interno en poder de este semanario, que registró la primera reunión de trabajo del Grupo de Seguimiento Integral de Abatimiento al Mercado Ilícito de Combustibles, celebrada el 26 de enero de 2010, en la que se reconoció que, durante el 2009, se detectaron 439 tomas clandestinas en ductos de Pemex Refinación, frente a 367 en el 2008 con un valor aproximadamente de 4.5 mil millones de pesos. Seis años después la cifra alcanza las tres mil tomas clandestinas.
Sin embargo, en esa reunión ya se tenía un diagnóstico sobre el problema, el cual reconocía que “las bandas se están multiplicando y sofisticando”, por lo que había que aumentar la capacidad de la institución, porque para su combate solamente se contaban con 50 elementos del grupo denominado “Fuerza de Reacción”, para todo el país.
Pero la situación empeoró. Actualmente la ordeña de ductos afecta a al menos 25 estados, con una alarmante cifra de más de 21 mil tomas clandestinas contabilizadas entre 2011 y 2016. Puebla, Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz, son las entidades con mayores afectaciones, y además es donde la inseguridad y la violencia se han vuelto una constante. En la administración actual las pérdidas de Pemex por fugas y robo de hidrocarburos es de 97 mil millones de pesos, 55% superior a lo registrado en los últimos cuatro años de Felipe Calderón, lo que implica un acumulado 2009-2016 de 159 mil 957 millones de pesos.
Puebla y Guanajuato concentran el mayor número de tomas clandestinas, 2 de cada 5 se ubican en el territorio de estas dos entidades. Tan sólo en los últimos cinco años, el robo de combustibles en Puebla, presentó un incremento del 1,971%, al dispararse de 74 a mil 533 tomas clandestinas, respectivamente; además, entre enero y febrero del año en curso se detectaron tomas clandestinas en 17 municipios.
El área encargada de la seguridad de Pemex la encabeza el general Eduardo León Trauwitz, director de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos, y quien fuera el encargado de la seguridad de Enrique Peña Nieto, ha incrementado el presupuesto, personal y tecnología del área, pero sin resultados.
Vía Eje Central
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