Héctor Tapia
A un mes de que comiencen a aplicarse sanciones a los sujetos obligados que no cumplan al cien por ciento con la publicación de la información que por ley están obligados, aún queda un 60 por ciento de estos por cumplirlo, según reveló el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP).
Las sanciones a las cuales podrán ser acreedores van de 150 a mil 500 Unidades de Medida equivalentes a 84 pesos; es decir, la máxima sanción que podrán tener los sujetos obligados sería de 126 mil pesos, sanciones que no sólo serían aplicables a los titulares de las dependencias, sino también los responsables de las áreas de transparencia de cada una de estos sujetos.
Sin embargo, no sólo el cumplimiento de esta información mínima es uno de los pendientes que tienen a contratiempo a los sujetos obligados y al instituto, sino también se enfrenta la presión de que a mediados de este año entrará en vigor la Ley General de Archivos a nivel federal, que obligará a su vez que la información que tienen archivados sean integrados a la base de datos que tienen que presentar.
Este último aspecto específico, será fundamental en los procesos de seguimiento, investigación y contrastación de datos del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) a partir de información histórica de cada uno de los sujetos obligados, explicó la Comisionada Presidenta del IMAIP, Arely Navarrete Naranjo.
La cantidad de sujetos obligados en Michoacán ascienden a 278, y son: 112 Ayuntamientos, 1 Concejo Mayor Cherán, 93 Dependencias del Poder Ejecutivo, 5 Organismos Descentralizados, 7 Organismos Autónomos, 2 del Poder Legislativo, 1 del Poder Judicial, 9 Partidos Políticos y 48 sindicatos que reciben recursos públicos para su funcionamiento.
En el 2017 Michoacán era de los últimos lugares en subir información de los sujetos obligados a la Plataforma Nacional de Transparencia, en ese año se había cerrado con 700 mil documentos en la plataforma; sin embargo, esta cifra se incrementó a 8 millones de documentos, que tienen que ver con la información relativa a los sujetos obligados de Michoacán.
En este contexto, Navarrete Naranjo remarcó que el último año sirvió para intensificar el trabajo para que quienes están obligados a informar, transparentar y rendir cuentas, fueran cumpliendo con este aspecto, dado que es un derecho humano y una responsabilidad legal que tienen que atender.
*Transparencia proactiva; informar sobre lo que interesa a los ciudadanos*
Si bien ha habido un avance en el cumplimiento de transparencia en información mínima obligada, que establece la Ley, ahora el reto es que se pueda acceder de forma fácil, rápida a la información que realmente le interesa a la ciudadanía.
Para ello ejemplificó que con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se está trabajando un modelo de transparencia proactiva; es decir, explicó la Comisionada Presidenta, presentar en los portales ya no sólo la información general a la que están obligados, sino informar aspectos que sí están cuestionando.
“Los ciudadanos encuentran en los portales datos que no quieren conocer, quieren conocer cómo se ejercen las partidas presupuestarias, cómo se distribuyen los recursos”, y es hacia donde tienen que irse enfocando los sujetos obligados.
Se buscará este año que la información que los ciudadanos preguntan comúnmente sea visible de forma ágil en los correspondientes portales, “sin necesidad de que estén presentando solicitudes”, siendo esta información útil para la toma cotidiana de decisiones, apuntó Arely Navarrete.
De manera adicional, el IMAIP en su portal de internet está agregando un “botón de pánico” para que al momento de que el ciudadano advierta en el listado un sujeto obligado que no está cumpliendo con su responsabilidad de informar y trasparentar información pueda ser denunciado; “nos han llegado a reportar que sujetos obligados que habían cumplido, bajaron la información”, este tipo de hechos pueden ser denunciados, indicó.
*Sin prorrogas, en febrero comienzan sanciones*
La comisionada presidenta remarcó que un 60 por ciento de los sujetos obligados de Michoacán han sido requeridos para que cumplan con lo establecido por la Ley en materia de transparencia, y en febrero comenzarán con las correspondientes notificaciones y la aplicación de sanciones, no sólo amonestaciones sino también económicas.
Arely Navarrete Naranjo fue clara en decir que la exigencia de transparentar la información por parte de los sujetos obligados no es un capricho de los comisionados del IMAIP, ni tampoco del instituto, sino que es una obligación establecida en la misma Ley, incluso los tratados internacionales a los que está adscrito el país.
El incumplimiento de esta normativa es vinculante a sanciones públicas, además de que se estará dando vista de estas inconsistencias y señalamientos a la misma Contraloría, para que proceda lo conducente.
Detalló que la Ley establece medidas de apremio y sanciones específicas a quienes se reúsen a transparentar, que van de 150 a mil 500 veces la medida de Unidad de Medida Estandarizada, que de acuerdo a la última actualización para este año, se estableció en 84 pesos.
Aun así, ante incumplimientos detectados por parte de los sujetos obligados, estos casos específicos serán tratados en el pleno del propio Instituto de Transparencia, y serán las comisionadas las que definirán estas sanciones.
Estas medidas de apremio anteriormente sólo se hacían a los titulares de cada dependencia pública, o sujeto obligado, como alcaldes, secretarios de gobierno, pero a partir de la última reforma estas sanciones se establece también la responsabilidad de cada persona encargada de las áreas de transparencia, quienes si no cumplen con su función también serán acreedores de sanciones.
“La plataforma nacional permite la creación de áreas responsables, y si una de ellas no cumple, se podrá sancionar a los titulares de estas áreas”, remarcó, y también dijo que la Ley establece procedimientos donde ya no se les puede dar prorrogas o mayor tiempo para cumplir con la Ley, aspecto que de acuerdo a los plazos establecidos, se vence en febrero.
Es decir, resaltó la comisionada presidenta, ya no se admite sólo con un 80 o 90 por ciento de entrega de la información establecida como mínima; sino que el cumplimiento tiene que ser de la totalidad de los datos a los cuales están obligados a transparentar en sus plataformas.
A estas medidas de transparencia no sólo se tienen que adherir ayuntamientos, secretarias, dependencias del gobierno del estado, organismos públicos autónomos, partidos políticos, sino también sindicatos que reciben recursos públicos.
*¿Qué quieren saber los Michoacanos?*
De manera general, sin que haya una medición como tal, los michoacanos lo que quieren saber de las dependencias públicas, o de quienes reciben recursos públicos, son tres aspectos: 1) cómo se ejerce el presupuesto; 2) Si ese ejercicio de recursos públicos fue eficiente; 3) y, si las contrataciones han sido realizadas adecuadamente.
Esto lo explicó la Comisionada Presidenta del IMAIP, quien destacó que para esto un aspecto que ayudará a agilizar el acceso a la información es la Ley General de Archivos que comenzará a implementarse a mediados del presente año, y que obligará a todos los sujetos obligados a subir a internet y transparentar su base documental que sirva como archivo histórico para generar comparativos.
“Cuando tenemos información debidamente documentada y gestionada, es mucho más fácil acceder a la información”, indicó Arely Navarrete, quien además apuntó en este sentido que los archivos serán una pieza clave para cumplir no sólo con el derecho al acceso a la información, sino también se tendrán que establecer mecanismos para de manera paralela también garantizar la protección de los datos personales.
También, para poder ayudarle a los sujetos obligados, en el mes de febrero están por comenzar una serie de talleres que están enfocados al proceso de armonización de los mecanismos a la Ley General de Archivos, ya que no se tiene todavía una cultura de gestión documental.
Para las dependencias e instituciones públicas, los archivos que generan siguen considerándose una bodega, que apilan en cajas, cuando en esa información, en esos documentos “está la información que le da vida a las instituciones, lo que nos permite rendir cuentas; en los documento están los actos que ejercemos como sujetos obligados”, remarcó.
Es decir, dijo, “a través de estos documentos se podrán realizar evaluaciones a la información, contrastarla, y definir si fue efectivo para la ciudadanía la forma en que se ejercieron los recursos públicos, si las compras fueron útiles para los michoacanos”.
El rezago que existe en el tema no necesariamente se consideró un acto premeditado por ocultar información, simplemente fue un aspecto al que nunca se le dio importancia, señaló Navarrete Naranjo, por lo que resaltó que estas deficiencias son las que se tienen que corregir de manera obligada.
*Incumplimientos e inconsistencias, se turnarán al Sistema Anticorrupción*
El IMAIP forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), por lo que los aspectos que se detecten en la omisión de información, la falta de transparencia y de rendición de cuentas, serán notificadas al seno de este sistema, para que se le dé el seguimiento institucional correspondiente.
Navarrete Naranjo destacó que es importante la rendición de cuentas y la transparencia para poder combatir la corrupción.
“Nos hemos reunido con los demás integrantes para definir acciones claras” en la ruta del combate a la corrupción, aunque por otro lado reconoció que aunque ha habido avances organizativas al interior del sistema, no ha sido suficiente para que los ciudadanos conozcan todos estos avances.
“Los ciudadanos quieren conocer la utilidad, y el instituto tiene un papel crucial porque está ayudando al sistema de que a través de la transparencia se pueden advertir actos de corrupción”, indicó.
Hay acciones en las cuales cada uno de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción pueden ayudar, donde el IMAIP de manera concreta dará cuenta de los incumplimientos, y dar conocimiento de quienes no están subiendo su información a la que están obligados, es decir que no están cumpliendo con lo que establece la ley.
A partir de ello, explicó la Comisionada presidenta, se podrá establecer qué está pasando en Michoacán, y que cada uno de los integrantes, desde su ámbito de competencia “pueda dar vista de aquello que no se hace bien y determinar planes estratégicos y ubicar los actos de corrupción en Michoacán”, finalizó.
