Raúl López Téllez
Un promedio de 350 trabajadores del extinto Seguro Popular (SP) demandan del gobierno estatal se cumplan con las condiciones plenas para su reinstalación y sin pérdida de derecho alguno en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), proceso en el que dejaron en claro que no aceptarán la liquidación de ninguno de ellos y ante la Secretaría de Salud reclaman el pago de sus salarios que, afirman, están garantizados por la federación.
Según José Alonso García Jacobo, quien esta mañana se mantuvo como vocero de los trabajadores del SP apostados ante la Secretaría de Salud, no se puede decir que con el cambio quedaron trabajadores “volando”, ya que antes de que se instaurara el Insabi con el inicio del año, ya se habían girado disposiciones tendientes a la estabilidad laboral.
“La federación dice muy claro que los trabajadores pasan del SP al Insabi; incluso hay un documento de la dirección general del SP a los exdirectores del SP, donde se les avisa del cambio y el envío de recursos para que se nos paguen las quincenas en tanto se resuelve la reubicación”, señaló.
Adujo que hay un plazo de tres meses para que se entregue plenamente la administración e infraestructura del SP al Insabi e inicie operaciones como tal, periodo en el que dijo “no nos han pagado nuestras quincenas; el (gobierno del) estado lo utilizó y está queriendo liquidar a las personas; están abusando de la autoridad y están asustando a los compañeros de que si no desisten de una demanda que tenemos, de manera personal, y si no reciben su liquidación, no los van a recontratar para Insabi”.
En total, adujo que existen 340 trabajadores en estas condiciones en el estado, antes bajo la jurisdicción del SP, aunque cifró en 150 la cantidad de quienes “estamos en lucha y vamos a resistir”.
Respecto al por qué el gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo no firmó como los de otras otras entidades, el acuerdo a tiempo para arrancar el año con el nuevo esquema de atención en salud, el representante consideró que habría una intención política atrás de ello. “Quieren politizar la salud, y está mal, además de afectarnos a nosotros y a nuestras familias, están afectando a la gente, al no recibirla en los centros de Salud”. Sobre este punto, otros trabajadores adujeron que si no se regulariza la situación, se acumularán las problemáticas en torno a la atención, ya que muchos de los derechohabientes del SP mantienen contratos hasta el año 2021 y el gobierno federal tendrá que respetarlos, además del desabasto en medicamentos que ya tenía un rezago desde finales del año 2018.
Señalan que la dilación tiene intereses atrás en la colocación de otros trabajadores en los puestos a los que pretenden renuncien con el cambio de siglas. Andrés Manuel López Obrador, aduce García Jacobo, “dice que para nosotros hay bases, lo que pasa es que se las quieren dejar para ellos, hacérselas llegar a sus conocidos, para politizar esto”, ante lo que dijo defenderán sus puestos y niveles ya que existen casos de quienes han laborado hasta 12 años y quienes se mantuvieron una década “sin recibir seguridad social, recibiendo una quincena con un tabulador 2007”.
Afectaciones directas
El vocero señaló como una de las afectaciones directas a los usuarios del SP, la negativa a ser atendidos en otros centros de atención. “El presidente dijo que llegaran con la CURP, con la credencial del INE, con el acta de nacimiento, y que iban a ser atendidos y gratuitos sus medicamentos, pero ha estado llegando gente que incluso tenían sus operaciones y no los querían recibir, les estaban cobrando; hay gente de bajos recursos que no tienen para pagar, el Insabi no entra por que el gobierno (estatal) no ha firmado este convenio”.
Respecto a una negociación con autoridades estatales para que suscriba el convenio, García señaló que “se acercaron de Gobernación y de Salud, con el ofrecimiento de instalar una mesa que presuntamente iniciaría al mediodía de este martes.
