Jorge Luis Hernández Altamirano*
En un contexto de acelerada transformación, como el que el mundo ha experimentado en las últimas décadas, el tema del gobierno parece haberse quedado atrás. Acostumbrados a la inmediatez en otros ámbitos de la vida, los gobiernos parecen ser grandes animales reumáticos con poca capacidad para responder a los desafíos de la época: desigualdad, exclusión y el cambio de paradigmas sociales.
El desencanto ha encontrado varios cauces para expresarse, a veces apoyando a líderes populistas que se asumen como promotores del cambio que drenará el pantano y acabará con los vicios de las viejas élites, otras abdicando facultades en favor de los líderes políticos, con la promesa de que esto potenciará su efectividad.
La necesidad por respuestas se agudiza en momentos de crisis, como el que significa la pandemia de SARS-CoV 2, porque está en juego uno de los valores máximos de la construcción del Estado: la protección de la vida de las personas. Ante tal amenaza, parece lógico que la comunidad política no reconozca órganos, niveles de gobierno y que, incluso, esté dispuesta a obviar las reglas que constituyen a esa comunidad.
Algunos pensadores han advertido ya sobre el retorno del falso dilema entre libertad y seguridad, que protagonizó muchos cambios en la era de la lucha contra el terrorismo, y que se expresa en la evidencia de que las naciones más autoritarias, y por lo tanto con más control sobre su población, han sido más exitosas frente al virus que las viejas y orgullosas democracias occidentales.
En este entorno, está quedando claro que las malas decisiones gubernamentales tienen consecuencias que se miden en vidas humanas. Además, la duración e intensidad de la pandemia exige atención sobre el estado de la economía nacional y personal.
En Estados democráticos, los gobiernos tienen incentivos para hacer bien su trabajo pues, en esa medida, obtendrán apoyo ciudadano para continuar con su proyecto político. Pero el reto no está enteramente en sus manos porque, en esos mismos Estados, los poderes ejecutivos no gobiernan solos, sino que son un componente más de una estructura estatal, ni lo hacen bajo sus reglas, sino que se someten a una Constitución en la que está expresada la voz de la comunidad política que decidió convertirse en Estado.
Un escenario de fuerte presión para actuar, con la intención de responder a la opinión pública, queda patente la incomodidad de los gobiernos con los mecanismos de control, división del poder y los derechos fundamentales. Por eso, reclaman mayores poderes a propósito de la crisis, por eso son capaces de promover medidas sin sustento legal o, de plano, violatorias de los Derechos Humanos (más allá del reconocimiento social de esas medidas, como lo muestra violación de los Derechos Humanos de los presos en El Salvador).
Lo que olvidan estos gobernantes es que desconocer el marco constitucional, tanto sus normas como sus principios, es desconocer también el piso que le da validez a sus mandatos y es también contravenir al sistema que le permitió el acceso al poder y al que juraron observar. Una deslegitimación constitucional impulsada desde arriba no parece ser una estrategia muy hábil en contextos de pérdida de legitimidad y cuestionamiento creciente.
Si bien es cierto que el deseo de concentración del poder no es nuevo y que, precisamente por ello, el Estado constitucional democrático cuenta con mecanismos para evitarlo, vale la pena estar atentos con las violaciones al espíritu constitucional. Poco puede esperarse de servidores públicos que creen que pueden crearse atajos para facilitar sus iniciativas y que la bondad de sus objetivos alcanza para obviar la inexistencia de facultades que sostengan sus políticas.
Contrario a su lógica, las políticas exitosas sólo lo serán en la medida en que sean ampliamente discutidas y que cumplan con los pasos señalados en el marco legal.
- Politólogo y constitucionalista. @HernandezJorge
