Metapolítica
Morelia, Michoacán.—“Debe pagar Felipe Calderón”.
Así lo señaló este 27 de mayo de 2020 el ex gobernador Leonel Godoy Rangel.
Eran las 07:00 de la mañana del 26 de mayo de 2009 y él estaba en su casa. Entonces comenzó a recibir las primeras llamadas.
—Eran familiares de Citlalli Fernández, que era mi asesora, y de Mario Bautista, director de Seguridad Pública pero era un policía de carrera que tenía 30 años ahí —afirmaría, años después.
Ese día, en un operativo paralelo en varios lugares, 37 funcionarios y alcaldes de Michoacán más o menos identificados con el entonces gobierno del perredista. Pronto el hecho sería conocido como el “michoacanazo”.
Pero la historia no había empezado ahí.
Según el periodista Raymundo Rivapalacio, apenas Calderón comenzó sus labores como presidente electo recibió al entonces gobernador de Michoacán Lázaro Cárdenas Batel, quien le pidió ayuda para apoyar a un estado rebasado por el narcotráfico. De inmediato Calderón ordenó al CISEN llegar al fondo.
Cuando asumió Leonel Godoy, el 15 de febrero del 2008, las investigaciones ya estaban avanzadas.
Pero todo se había hecho mal. El que supuestamente sería un golpe mediático estrella contra la corrupción en el país se iría cayendo paulatinamente en los años siguientes.
Para los partidarios del expresidente panista, se trató de un contubernio en el que colaboraron muchos jueces en complicidad con el crimen. Para los partidarios del exgobernador perredista, una acción arbitraria destinada únicamente desacreditar al PRD y fortalecer a Acción Nacional de cara a elecciones de candidatos a diputados federales para renovar al Congreso de la Unión.
Como es costumbre en el país, desde ambos lados la historia tuvo más claroscuros que verdades. Hasta hoy. Mientras tanto, a través de distintas plataformas de comunicación Felipe Calderón y Leonel Godoy continúan otorgando su propia versión de los hechos y removiendo una herida que casi con seguridad nunca sanará.
LA VERSIÓN DE GODOY
“Hoy, hace 11 años (2009) ocurrió el llamado ‘michoacanazo’, cuando Felipe Calderón ordenó la detención de servidores públicos y presidentes municipales. Esas detenciones, anticonstitucionales, concluyeron con la liberación de todos. Debe pagar FC”.
El twitter es reciente, pero no es la única versión del exgobernador perredista.
El 27 de mayo del 2013, en entrevista con el diario Reforma, Godoy mencionó cuatro errores de procedimiento.
“El primer error de ese operativo fue no coordinarse con las autoridades estatales. Segundo, que no fue un evento típico de una investigación técnico-jurídica penal y se pareció más a una razzia, como las conocíamos. La tercera característica es que porque se utilizaron órdenes de autoridades administrativas para catear e introducirse a domicilios particulares, presidencias municipales e incluso al Palacio de Gobierno. Y la cuarta, que se usaron figuras que eran y son polémicas: uso de testigos protegidos, arraigo e intervenciones telefónicas sin autorización…”
Cuatro años después, el 20 de mayo del 2017, en entrevista con el periodista Rodrigo Caballero para el portal https://www.idimedia.com/ Godoy Rangel iría mucho más allá. Aseguró que en su momento el mismísimo secretario de Gobernación del entonces presidente Calderón, Fernando Gómez Montt, aceptó la inconstitucionalidad del operativo.
“Tú, como penalista litigante que eres, los sacarías con la mano en la cintura” le habría dicho Godoy a Gómez. La presunta respuesta del secretario: “sí, pero así se tomó la decisión”
LA VERSIÓN DE CALDERÓN
Como es lógico suponer, la visión de Felipe Calderón Hinojosa contrasta directamente a la anterior. En la página 254 de su reciente libro “Decisiones Difíciles”, en el cual ahonda en varios capítulos polémicos de su periodo presidencial, el expresidente entrega su versión.
“Como es lógico, si se le permite avanzar al crimen organizado va pasando de una etapa a la otra, hasta terminar con la captura del Estado. En el caso de Michoacán, cuando se puso en marcha el primer operativo el estado ya tenía muchos años en etapa simbiótica. Dado que no avanzaba el proceso de revisión y renovación con personal confiable de las policías, ministerios públicos, y que la delincuencia copaba ya varias alcaldías, la PGR decidió ir adelante con investigaciones más profundas, intervino con autorización judicial varios teléfonos y logró consolidar un caso suficientemente sólido como para obtener órdenes de aprehensión contra varios alcaldes que recibían sobornos de La Familia”.
El expresidente destaca que uno de los principales investigados era el propio medio hermano del entonces gobernador Leonel Godoy Rangel, y que el caso se construyó con total cuidado u apego a las normas.
“Se organizó una detención simultánea de todos los involucrados, incluyendo al mismo hermano del gobernador, Julio César Godoy, quien no fue capturado en ese momento, pero que había sido postulado como candidato a diputado federal en las elecciones de 2009. El caso, construido con meticulosidad por todas las dependencias de seguridad, fue perdiendo fuerza. La mayoría de los detenidos estaba en un penal de Nayarit. El arzobispo monseñor Alberto Suárez Inda (a quien aprecio) me solicitó que los detenidos fueran trasladados al penal de Morelia para que estuvieran cerca de sus familiares. Accedí a su petición, la cual transmití a la PGR con la sugerencia de que vieran qué se podría hacer, en el marco legal, para ello”.
Fue entonces, según Calderón, que inició el desbaratamiento de la investigación.
“Al moverlos, la mayoría de los casos fue asignada al juez Efraín Cázares, quien liberó a todos los implicados en todos los casos de su jurisdicción. Años después ese juez sería removido por el Consejo de la Judicatura por haber incurrido en faltas graves en su función jurisdiccional. Quizá algunos de ellos hayan sido liberados justamente, pero otros en definitiva no; era evidente la maniobra para ignorar las pruebas presentadas y que habían dado pie a varias de las órdenes de aprehensión”.
Las consecuencias, asegura Calderón, fueron peores.
“Allanado el camino, la captura del Estado se aceleró: el siguiente capítulo ya no sería de alcaldes recibiendo sobornos de los criminales, sino al revés, alcaldes pagando cuotas a los delincuentes”.
SUPUESTA NEGOCIACIÓN
En su columna para el periódico Vanguardia publicada apenas un año después del hecho, Raymundo Rivapalacio aportó nuevos datos que nunca fueron confirmados ni desmentidos por sus protagonistas. Para él, se trató de una acción judicial que en el medio tuvo una negociación completamente política.
“El ensordecedor ruido esconde, sin embargo, una pequeña historia de acuerdos políticos por encima de la ley, pactos rotos, intrigas dentro del gobierno y un choque en el gabinete de seguridad cuando se dio el golpe del llamado ‘michoacanazo’ que el presidente Felipe Calderón no pudo resolver.
“Aunque no le anticiparon al gobernador de la operación, le dijeron que varios de sus funcionarios estaban totalmente vinculados con el narco, Godoy habló a la Secretaría de Gobernación y comunicó que Julio César era su medio hermano y que casi no tenía relación con él. Sin embargo, acordó que si lo dejaban en libertad no levantaría la voz ni haría ningún escándalo por el resto”.
Para el periodista, la actuación del presidente también fue altamente cuestionable.
“El papel del presidente es toral, pues sus decisiones titubeantes, falta de control dentro del gabinete y secretarios que tomaban decisiones en lugar de él, no sólo contribuyeron a magnificar la politización de la justicia sino colocaron al propio gobierno en el ridículo”.
Mediante el “michoacanazo” fueron detenidos los ediles José Luis Ávila Franco, José Cortez Ramos, Osvaldo Esquivel Lucatero, Francisco Estrada García, Uriel Farías Álvarez, Genaro Guízar Valencia, Antonio González Rodríguez, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Armando Medina Torres, Audel Méndez Chávez, Jairo Germán Rivas Páramo y Adán Tafolla Ortiz.
Junto a ellos cayeron los funcionarios Mario Bautista Ramírez, Salvador Dionisio Valencia, Citalli Fernández González, Juan Gaona Gómez, Victorino Jacobo Pérez, Ignacio Mendoza Jiménez, Faraón Martínez Molina, Gabriela Mata Chávez, Noé Medina García, Baldomero Morales, Ramón Ponce Ponce, Alfredo Ramírez García, Ricardo Rubí Bustamante, Roberto Rubio Vázquez, Abel Salazar Gómez, Antonio Sánchez Gaytán, Irlanda Sánchez Román, Israel Tentory García y José Lino Zamora.
Un oscuro capítulo de la política mexicana que aún hoy, según exhiben sus propios protagonistas, está lejos de terminar.
