Por: Humberto Urquiza Martínez / Especialista Electoral
En los últimos años, la participación del Ejército en los aspectos públicos se ha incrementado en temas que van más allá de su función de reguardo de la soberanía y de la defensa de territorio nacional.
La primera imagen fuerte que tenemos del Ejército en su nueva faceta pública es su incorporación a la mal llamada guerra contra el crimen organizado, con lo que comenzó a desarrollar actividades distintas a las ordenadas por su naturaleza y especificadas por el sistema jurídico, como fue el caso de la seguridad pública.
Al paso de los años y propio del desgaste que dicha corporación ha tenido por esas acciones, a finales del gobierno de Peña Nieto, se presentó al Congreso de la Unión una propuesta de ley de seguridad interior con el objetivo de legalizar las funciones que estaba realizando el Ejército en temas de seguridad, ello a efecto de evitar el desgaste que la institución estaba sufriendo frente a la sociedad y al interior de la corporación.
De dicha propuesta, la Suprema Corte determinó su inconstitucionalidad, ante lo cual, el Ejército mantuvo la demanda de un marco jurídico para legalizar y legitimar su actuación, por lo que la alternativa frente a la nulidad de la ley de seguridad interior, fue la Guardia Nacional, misma que fue la apuesta del actual gobierno federal, para lograr el objetivo, lo que generó, a su vez, un debate sobre quién debería de encabezar a dicha corporación, si un civil o un militar.
Posteriormente, el Ejército ha ido asumiendo un papel más activo en temas que no están vinculados con su función primaria, o inclusive con esa atribución de seguridad pública, como lo es la construcción de obras o la administración de puertos y aduanas, entre otras.
Ante ello, es evidente que el alcance de la participación de los integrantes de la milicia, ya no solamente está en su función esencial, sino que se ha ampliado a temas administrativos que no son propios de su naturaleza, lo que se ha logrado en poco tiempo y que hace pensar que el Ejército, como hace varios años no sucedía, se está convirtiendo en un actor político al participar de decisiones públicas de alcance político, más allá de sus atribuciones esenciales.
Así, el caso de General Salvador Cienfuegos genera la especulación sobre la razón por la cual el gobierno federal solicitó al norteamericano que no se presentarán cargos para poder enjuiciarlo en territorio mexicano, y quizá la respuesta está en la fuerza y peso político del Ejército, institución que ante una situación así de inédita, está cuidando cualquier escenario futuro.
Ante ello, resulta evidente que la institución del Ejército se está posicionando como un actor político, y cuyo camino podría avanzar a tal nivel, que, en poco tiempo, se podría estar quitando la restricción para la participación en la vida electoral, con lo que podríamos ver a un candidato militar en elección federales o incluso locales. Lo que significaría la apertura de los partidos políticos hacia una institución que desde hace varios años no participa en la vida política de forma activa y menos en los procesos electorales.
