Los trabajos iniciados por el INE para lograr una nueva conformación de los distritos electorales federales y locales en Michoacán se pueden convertir en una oportunidad histórica para que dicho órgano nacional logre una legitimidad ante los grupos originarios en el Estado, sector con el que tiene varios pendientes.
El reconocimiento en la Constitución federal del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades originarias para ejercer sus propias instituciones, entre otras, las políticas y culturales, ha permitido que se esté evolucionando en la organización del poder y en sus instituciones, tanto indígenas como no indígenas, lo que no es otra cosa, que la convivencia entre el sistema de partidos y el comunitario, incorporando al sistema de tres órdenes de gobierno, el cuarto.
Los logros obtenidos por el diseño y funcionamiento del sistema electoral se han agotado. Pero no sólo eso, sino que ahora esos elementos están incidiendo de forma negativa en la construcción de una legitimidad democrática en los gobernantes.
Entender a la Constitución como un norma jurídica a la que se subordinan todas las personas e instituciones, así como las propias leyes, y en la cual, se regulan tanto los poderes públicos que son parte del gobierno, como el catálogo de derechos humanos, es una concepción propia del constitucionalismo moderno (neoconstitucionalismos).
A nada de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el asunto de la asignación de los diputados plurinominales en Michoacán, las cosas están casi cantadas y con algunos elementos que seguramente determinarán el proceso electoral que viene, 2023-2024.
En los últimos seis meses, Michoacán ha vivido una tercera oleada de transición de las comunidades indígenas a un ejercicio de libre determinación y autonomía, a partir de la reforma de la Ley Orgánica Municipal, que fija un nuevo criterio legal para transitar al ejercicio del derecho de su autonomía en la administración directa de sus recursos económicos, para lo cual es necesario, primero, hacer valer la consulta previa, libre e informada como un derecho colectivo de las comunidades indígenas, del cual se desprenderá, de ser el caso, el sí a un modelo comunitario de gobierno.
Como parte de la etapa de calificación de las elecciones del pasado 6 de junio, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ha resuelto prácticamente todo lo relativo a las elecciones de Ayuntamiento, Diputaciones locales y Gubernatura, con algunos ajustes en casillas anuladas y regidurías permutadas, pero nada de fondo.
Para promover la nulidad de la elección del 6 de junio en Michoacán se requería detectar anomalías en el 20% de las casillas electorales instaladas en la entidad. El exconsejero del IEM, Humberto Urquiza Martínez, sostiene que la intención del bloque PRI-PAN-PRD quedaría descartada por este motivo.
"La clase política podría fortalecer el blindaje democrático del país con tan sólo abstenerse de sugerir, promover o impulsar la designación de consejeros y magistrados que se ajusten a sus intereses", señaló en exclusiva con Metapolítica.
El derecho electoral en el sistema mexicano es la regulación jurídica de procesos políticos. Por lo que el componente político en la interpretación jurídica por los tribunales electorales siempre estará presente, aunque la fórmula debe de enfocarse a que el mayor número de porcentaje de argumentos de una sentencia sea jurídica y no política.
