Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Que la Fiscalía General de la República (FGR) se encargue de la investigación de los hechos ocurridos en abril de 2017 en Arantepacua.
Es lo que este jueves solicitaron habitantes de la comunidad, quienes dieron a conocer la medida a través de un comunicado público.
Según su versión, en 2017 los comuneros “circulaban en el autobús que habían rentado con rumbo a salir de la ciudad de Morelia y a efecto de poder regresar a su comunidad.
“Sin embargo, de manera intempestiva e ilegal los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán (en adelante SSP) y elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia de Michoacán (en adelante PGJ-M) les cerraron el paso, ingresaron al autobús, golpearon y detuvieron arbitrariamente a los 38 representantes de la comunidad”.
También recodaron que “el operativo fue encabezado en el terreno por el entonces Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta (hoy procesado por el delito de tortura en el caso Ayotzinapa) y contó con la participación de aproximadamente 300 elementos”.
Tras los hechos ocurridos en 2017, en noviembre del 2020 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estableció que el operativo liderado por la Secretaría de Seguridad Pública del estado cometió “violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales por actos constitutivos de tortura, al derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, en agravio de la comunidad de Arantepacua”.
Y es precisamente lo que reclaman los comuneros.
Este jueves un grupo de ellos llegó a la Plaza de la Constitución y marcharon por avenidas de la Ciudad de México, y más tarde acudieron a las instalaciones de la FGR para solicitar formalmente que se investiguen los abusos policiacos.
También apuntaron al gobernador de la entidad, Silvano Aureoles Conejo, por su responsabilidad política en los hechos; a 35 elementos de la policía estatal, y 2 funcionarios federales.
Los quejosos acusan un total de 32 delitos, entre ellos homicidio, tortura, abuso de autoridad y robo calificado grave.
Y en la capital del país se reunieron con funcionarios de la FGR y entregaron una petición formal para que las autoridades federales atraigan el caso.
El integrante del Colectivo Liquidámbar (uno de los firmantes del comunicado hecho llegar a los medios), Enrique Guerrero, afirmó también que la comunidad “sigue firme” en su proyecto de autonomía.
También señaló que si no opera alguna instancia jurídica nacional, llevarán el caso a la Organización de Naciones Unidas y otras instancias internacionales.
En tanto, desde la Ciudad de México el reportero del medio piedepagina.mx, Arturo Contreras Camero, exhibió fotografías de los quejosos y dio a conocer su versión.
“Vinimos una comitiva de Arantepacua con la finalidad de dejarle claro al señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, si a lo mejor no lo conoce, para que sepa, que conozca la situación de los hechos lamentables que sufrimos el 5 de abril en la comunidad” dijo Marco Antonio Pascual, integrante del Concejo Comunal Indígena de Arantepacua.
Finalmente, el documento establece que los comuneros exigen “castigo a los culpables y reparación del daño”.
