Metapolítica
Ciudad de México.- El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio la orden a la Fiscalía General de la República (FGR) de hacer pública la carpeta de investigación del caso Odebrecht.
El hecho en sí es considerado “histórico”, ya que es la primera vez que el INAI ejerce su facultad para que un caso de particular se convierta en una obligación de transparencia.
Durante su sesión, el INAI resolvió que la FGR debe publicar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con respecto al caso Odebrecht, pero además los nombres de los funcionarios y exfuncionarios que han sido llamados a declarar y enfrentan acusaciones en torno a la investigación.
También solicitó que los datos sean actualizados cada tres meses.
“En el Pleno del @INAImexico aprobamos, por unanimidad, revocar la respuesta de la FGR, a efecto de que entregue los documentos que den cuenta de los nombres de funcionarios y exfuncionarios que han sido llamados a declarar y enfrentan acusaciones, ligados al caso Odebrecht”, escribió en su cuenta de Twitter la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra.
En la primera solicitud del INAI de transparentar la información, la FGR había alegado que era “clasificada” debido a que su divulgación “causaría un perjuicio a la relación bilateral entre el Estado mexicano y la autoridad extranjera; perjudicaría el procedimiento judicial en trámite, en el que la FGR es parte: y, menoscabaría las facultades de investigación del Ministerio Público de la Federación, al afectar las líneas de investigación pendientes”.
Pero el INAI determinó que el caso Odebrecht ha sido objeto de diversas solicitudes de información y recursos de revisión, por lo que se amerita que sea considerado una obligación de transparencia.
El comisionado Óscar Guerra Ford explicó durante la sesión que en 2019 se solicitó el acceso de declaración de funcionarios y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero el sujeto obligado, es decir, la FGR, entregó una versión pública en copia simple y certificada, con un costo de reproducción que ascendía a 81 mil 551 pesos por copia simple, pero al ponerse en disposición en copia certificada “esto implicaría un cobro o un pago más bien de un millón 794 mil pesos”. Esto pues imposibilitó la entrega de la información.
