Por Héctor Tapia
Vienen tiempos difíciles para Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, auditor Superior de Michoacán, y más para el papel que se espera de un ente fiscalizador como lo es esta área en una coyuntura de la que se esperan resultados y no omisión contra la corrupción en Michoacán, particularmente lo que ha sido denunciado en los dos meses de la administración que va comenzando.
Son varios tópicos los que están en la mesa. Uno es su evidente relación con el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, pero más allá, el papel que jugó en la Secretaría de Finanzas del Estado, de la cual fue delegado administrativo, justo durante los primeros años del gobierno silvanista. Estos antecedentes le valieron el mote del “auditor carnal”.
El exgobernador Aureoles Conejo y su administración está bajo los constantes señalamientos públicos derivados de presuntos actos de corrupción, desfalcos y desvíos, que se dieron en diversas áreas —eso no es lo novedoso—, y ya son un puñado de temas escandalosos que han valido notas de carácter nacional. El tema al respecto y que cuestiona al auditor es que, cuando menos, están las pruebas evidenciadas en fechas recientes, a partir del aval que dio Aguirre Abellaneda desde la Delegación Administrativa de Finanzas para el pago de ciertas facturas ligadas a empresas factureras relacionadas presuntamente al lavado de dinero.
La empresa que está bajo la mira es Integra Software, propiedad del prófugo Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de lavado de dinero, y quien obtuvo un jugoso contrato de 132 millones de dólares con la administración de Silvano Aureoles por equipamiento y software para espionaje en el estado.
En estos días salió a relucir el pago de poco más de 22 millones de pesos realizado por la Secretaría de Finanzas a Integra Software, empresa señalada por lavado de dinero, que fue beneficiaria por la administración pasada y que en ese momento que se avaló el pago Miguel Ángel Aguirre Abellaneda estaba como funcionario en la Secretaría de Finanzas en la Delegación Administrativa, y que en sus funciones tenía justamente avalar los pagos que se tenían que realizar por parte de la dependencia estatal.
Esto queda constatado en el Documento Provisional de Ejecución Presupuestaria y Pago —poseo una copia—, en el que el ahora auditor firmó de recibido de conformidad. Este documento fue signado el 13 de junio de 2018.
Estos contratos, por supuesto, son previos a que renunciara a la Delegación Administrativa para “competir” por la titularidad de la ASM, proceso en el que pese a que fue señalado de forma reiterada como allegado a Silvano Aureoles, de quien fue funcionario municipal cuando el exgobernador fue alcalde de Zitácuaro de 2002 a 2004, y fue electo o definido como auditor del estado apenas hace dos años.
Hay que remarcar que Miguel Ángel Aguirre Abellaneda estuvo de 2015 a 2019 como delegado administrativo de la SFA, los primeros cuatro años del gobierno de Silvano Aureoles Conejo.
Los nuevos datos que han salido a la luz vuelven a poner en entredicho no sólo su imparcialidad como auditor, sino que ahora también se plantea la probidad con que se supone debe conducirse quien se encarga de fiscalizar el uso de recursos en el estado.
Con todos estos antecedentes, no sólo de la relación con Aureoles Conejo por parte del ahora auditor, sino de posibles encubrimientos de manejos sospechosos ligados a factureras fraudulentas por parte del auditor es lo que lo tiene ahora en capilla. Cuando menos es la lógica interpretación.
Frente a todas las denuncias públicas que se han hecho recientemente por los desvíos multimillonarios, en las que cuando menos en una parte, ahora conocida, se liga al auditor en relación al actuar que tuvo como delegado administrativo, ¿con qué cara o calidad moral podría realizar trabajos fiscalizadores que ayuden a fincar responsabilidades a funcionarios de la pasada administración de la cual él también lo fue?, ¿lo haría? Son sólo algunas de las preguntas que surgen de manera obligada.
Pero esto abre la puerta a una serie de interrogantes. Por ahora salió sólo una factura ligada a una empresa con antecedentes turbios que avaló el auditor. Fueron más de tres años los que Aguirre Abellaneda estuvo en la Secretaría de Finanzas.
Ahora, con todo esto, ¿hay confianza en el papel que pueda desempeñar el auditor en el trabajo que le fue encomendado?
La lucha contra la corrupción implica una serie de aspectos y el que no haya conflicto de intereses es uno de ellos, y en este caso, cuando menos los antecedentes así lo indican, hay elementos suficientes para sembrar una duda razonable.
