Metapolítica
Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una solicitud de recursos adicionales por un monto de mil 738 millones 947 mil 155 para sumarlos a los recursos con los que ya se cuenta, derivados de varios ajustes, para realizar la revocación de mandato conforme a lo establecido en la Ley General de Revocación de Mandato.
Lo anterior, en acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que se establece que tanto la Secretaría de Hacienda como el INE, en el ámbito de sus respectivas competencias, “se encuentran obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y políticos de la ciudadanía”; es decir, la Secretaría de Hacienda, como parte del Estado, “debe garantizar también el ejercicio efectivo de los derechos políticos a través de propiciar la obtención de todos los elementos, incluyendo los recursos presupuestales, para que la revocación de mandato pueda llevarse a cabo”.
A decir del INE, la sentencia del TEPJF vincula a la Secretaría de Hacienda a responder la solicitud del instituto “a la brevedad, de manera fundada y motivada”, así como considerar que la revocación de mandato es una obligación de todo el Estado mexicano que involucra la participación de la ciudadanía en la vida pública del país.
El INE ha realizado ajustes presupuestales adicionales para reducir el costo del ejercicio de 3 mil 830 millones de pesos a 3 mil 306.73 millones de pesos; además, mediante ajustes a proyectos institucionales se destinaron 64.4 millones de pesos que se suman a los mil 503 millones de pesos ya disponibles; sin embargo, estos recursos, dice el INE, “resultan insuficientes para organizar una revocación de mandato con todas las características y número de casillas que se determinan en la legislación”.
Al anunciar la presentación oficial de la solicitud de ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda, durante una sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada este día, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, expresó que deberán hacerse diversas adecuaciones a proyectos y tomar las decisiones que se requieren para cumplir, en la medida de las posibilidades institucionales y con los recursos disponibles, con la organización de la revocación de mandato, por lo que en la solicitud se pidió una respuesta para antes del 31 de enero del 2022.
“Es un mandato constitucional y legal que debemos hacer efectivo”, afirmó.
En cualquier sentido que sea la respuesta de la Secretaría, añadió Edmundo Jacobo durante la sesión de la Junta General Ejecutiva, ya sea negando la ampliación u otorgándola, o bien haciendo una ampliación parcial de los recursos que se le han solicitado, “este órgano colegiado va a tener que conocer y aprobar puntos de acuerdo para hacer efectiva la revocación. La revocación se hará con los recursos con que cuente finalmente el INE”.
Esto no significa, aclaró, que el INE tenga un problema de planeación, sino “que la institución trabaja y hace todo lo posible por hacer efectivo el derecho a la participación en un contexto de incertidumbre, ya que a unos meses de la celebración de este ejercicio, aún no existe certeza sobre los recursos que podrá destinar a esta actividad”.
“Nunca nos habíamos enfrentado a una situación de tal incertidumbre ante el cumplimiento de una responsabilidad constitucional tan importante, como la que está prevista para el próximo 10 de abril”, refirió.
El oficio de notificación formado por el Secretario Ejecutivo del INE, propone a la Secretaría de Hacienda una calendarización para la ministración de los recursos que va de febrero a mayo de 2022.
