Héctor Tapia / Metapolítica
De las cerca de cuatro mil carpetas que se recibieron en la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem), alrededor de 2 mil 600 corresponden a casos de presuntas irregularidades administrativas del gobierno estatal que ya preescribieron. El resto tiene apenas vida jurídica, es decir, que están todavía en tiempo de revisión y continuidad para fincar responsabilidades a exfuncionarios.
Esta es apenas parte de la información de la que se tiene un poco de claridad, a cinco meses de que inició el actual gobierno estatal, dado que todos los archivos y carpetas que recibió la actual administración estaban en desorden y caos.
Hay que recordar que como tal no hubo un proceso de entrega recepción como lo establece la norma, esto a partir de que el gobierno que encabezó Silvano Aureoles Conejo se resistió hasta el último día de hacer este procedimiento de entrega, bajo el argumento de que se esperaba la resolución del tribunal electoral federal, donde apostaba a que no se diera el triunfo al actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Sobre la situación administrativa en la que se recibió al gobierno estatal, Azucena Marín Correa, titular de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, detalló las circunstancias en que se recibió el área que ahora encabeza, la cual es fundamental para conocer las observaciones y omisiones que se dieron en gobiernos anteriores.
En entrevista explicó que al arribo de la actual administración el reto más grande ha sido organizar la información, dado que no está o está completamente desorganizada: “De acuerdo con la Ley de Archivos tendríamos que saber en qué carpeta, en qué archivo están clasificados, y por el contrario nos encontramos con un mundo de hallazgos, que pasan por el área de salud, hasta seguridad y cultura. Nos encontramos con que había pagos que no sabíamos por qué se habían hecho, porque no venían sus correspondientes carpetas”.
Con todo, explicó, “hubo exfuncionarios que sí se acercaron para indicar dónde estaba la información, otros sólo dejaron cajas llenas de archivos”, y con todo esto, dijo, ha sido complicado irle dando orden.
El actual gobierno llegó para el último trimestre del año pasado, y adicional a la complicación que significa un cierre de ejercicio fiscal, se adhirió los pendientes de pago heredados que se tenían por saldar, aunado a que no hubo un proceso de entrega recepción y no se sabía qué se estaba recibiendo con claridad.
Marín Correa dijo que costó trabajo afrontar este reto de revisión documental, y que aunque aún no se concluyen con muchas revisiones, a estas alturas ya se tiene el control administrativo total.
En cuanto a las responsabilidades que se pudieran fincar a quienes violentaron la norma, refirió, estas llevan todo un proceso, por lo que dijo que eso todavía no está superado.
“Veo a muchos ciudadanos desesperados porque no ‘corre sangre’; tampoco se trata de que ‘corra sangre’, se trata de que las cosas se hagan bien, y que si habrá procesos se harán, pero no será por venganza, sino lo que marca la ley que se tiene que hacer”, remarcó al referir que no hay una consigna contra exfuncionarios, sino que de forma concreta se estará aplicando exclusivamente lo que marca la ley.
La secretaria de la Contraloría dijo que actualmente el área que encabeza enfrenta una reestructuración interna, con la que la que se busca mejorar sustancialmente la operatividad de la Secretaría.
Lo que se está emprendiendo actualmente es una homologación con la normativa federal, “nos estamos alineando al debido proceso”, aspecto que tenía un rezago de cuando menos dos años, explicó en entrevista.
Con esta reestructuración se busca tener en una sola área la innovación de procesos, la transparencia y la normatividad, así como el seguimiento jurídico de la vida administrativa del gobierno estatal, y se está abarcando “un gran espectro y no se pierden los hilos”.
En esta ruta, dijo Azucena Marín Correa, “reestructuramos la figura de los órganos de control interno”. Para estos, abundó, este se emitirá una convocatoria abierta, en la cual se espera que haya también una buena participación.
La funcionaria estatal refirió que se encontró “un rezago descomunal” en las carpetas que se tenían en la Contraloría. “Acabo de firmar resoluciones del 2021, una del 2009”, ejemplificó, y detalló que dentro del proceso que se venía librando estaba que “de una dirección se mandaba a otra, a responsabilidades, y luego se regresaba a quien en un origen había iniciado”. Este proceso se prestaba, aseguró, al manejo opaco de la administración estatal.
Se llegaba al grado de que las carpetas se atendían hasta que estaban a punto de prescribir, y en ese momento se le daba cierta importancia, pero a la hora de aportar más elementos se llegaba a punto de que prescribían los presuntos casos de corrupción a investigación y sustanciación.
Fue aquí cuando detalló que la administración recibió cuatro mil expedientes, de los cuales, mil 400 tenían todavía “vida jurídica”, es decir, que no habían prescrito, y que siguen su curso de investigación.
“No está claro qué pasó con esos procedimientos, estamos en esa revisión, si están prescritos ya no se pueden revivir o reabrir, pero sí se puede buscar el origen” de cada caso.
Adicional a los expedientes que tienen todavía vida jurídica, se avecinan las auditorías que todavía están por iniciarse, más las investigaciones que ya se tienen, que son 17 las que están en curso.
Al cuestionársele sobre el ServMich, una plataforma que la administración estatal “presumió” serviría para digitalizar el gobierno, Azucena Marín Correa dijo que sólo se entregaron archivos digitalizados en una nube de datos, pero no tenían orden.
“Una cosa es el escaneo de documentos y otra cosa es la digitalización de la administración”, refirió; “tengo los documentos digitales, pero no tengo un sistema” que les dé orden y que sirvan para identificar la información y entrelazarla.
La contralora del estado abundó que el ServMich “sólo sirve para cargar archivos”, pero no para que se pudiera hacer búsqueda del contenido de los documentos, ni para tener un sistema más ágil. Adicionalmente, “el sistema de transparencia que se cayó. Todo eso tenemos que actualizarlo, sí lo vamos a hacer, pero está peor de lo que pensábamos”.
Pese a todas estas dificultades que fue enumerando en la entrevista, se logrará digitalizar el gobierno: “Michoacán lo merece, y esto dará transparencia. Le vamos a invertir trabajo, recursos, pero vamos a ganar mucho, vamos a ganar tranquilidad, los michoacanos van a saber cómo se están manejando sus contribuciones, se está transparentando”.
Adicional, dijo, “estamos trabajando con la Secretaría de la Función Pública, para tener el Declaranet, que es otra parte de la plataforma que debemos tener, y aparte tenemos lo que es el Compranet, que es una plataforma que compartimos con la federación”, y remarcó: “Esas hay que entrelazarlas, que se pueda tener información de si un proveedor fue funcionario, en qué periodo, que se vincule la información”.
“Confiamos mucho en el ciudadano, y queremos que denuncien, que las hagan llegar. A veces una denuncia se convierte en una recomendación que se puede seguir para mejorar un servicio”, remarcó la contralora.
