“Una verdad a medias es una mentira completa”.
Proverbio judío
Por: Rosmi Bonilla
La Organización Mundial de la Salud estimó que en México más de 600 mil personas han muerto por causas asociadas a la pandemia por COVID-19.
La cifra que reveló la OMS en su más reciente informe sobre la pandemia corresponde a casi el doble del número de muertes registradas por las autoridades de salud del país, convirtiendo a México en el quinto país en el mundo con mayor subregistro.
Para el Banco Interamericano para el Desarrollo los datos, la información, son fundamentales para la buena toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas.
Sin números, sin indicadores no se puede medir; sin medición no podemos evaluar, y sin evaluar no podemos determinar si una decisión fue acertada o equivocada. A veces, las evaluaciones también nos ayudan a corregir el rumbo marcando el camino mediante hallazgos o datos no evidentes a la hora de establecer los indicadores.
La primera bandera roja sobre las cifras oficiales tuvo lugar a unos meses de que se dieran a conocer los primeros casos y en aquellos días en los que el pico de la enfermedad se “anunciaba” cada 15 días. A mediados del 2020, hubo discordancias entre las autoridades de salud y el Registro Civil, ya que este último casi duplicaba los números de muertes por COVID en comparación con los que tenía registrados la Secretaría de Salud.
Pasado el tiempo y con la evidencia mostrada por la OMS, la pregunta obligada es: ¿A qué se debió el subregistro? Primero, al desconocimiento que había sobre la propia enfermedad y, en consecuencia, a diagnósticos equivocados (tanto positivos a COVID como negativos); luego a que muchas personas fallecieron en sus domicilios sin recibir atención médica y finalmente a que, en la mayoría de los casos, los pacientes que se atendieron en servicios particulares no fueron registrados por las cifras oficiales.
Esta última razón fue la que más perduró durante los casi dos años que el COVID fue intempestivo con la salud en México. Incluso en el mes de enero de 2022, cuando hubo un importante repunte de casos (menos mortales, eso sí); los registros que suman a los pacientes que se atendieron en los servicios médicos privados prácticamente triplican los registros oficiales.
En la segunda mitad de 2021, las autoridades decidieron dejar de emitir y difundir el comunicado técnico diario de casos y fallecimientos.
Eso en cuanto al sector salud. Pero tampoco hay registros oficiales (datos gubernamentales) de afectaciones económicas, pérdidas de empleo, cierre de negocios; crecimiento o decrecimiento de la pobreza, afectaciones en indicadores educativos, entre otros muchos.
Y es que nunca se quiso reconocer la gravedad de la situación y sus consecuencias sociales, económicas y de salud.
Así, a ciegas, hemos transitado por dos años de pandemia, prácticamente siguiendo la intuición y el sentido común individual. Las pocas acciones que se emprendieron como la obligatoriedad del uso del cubrebocas e incluso la vacunación derivaron de presiones internacionales que amenazaron con sanciones económicas como evitar negocios con México e inhibir las visitas y comunicaciones con el país.
Con este antecedente, a mí me sorprende que, dentro de lo que cabe, no hayamos sufrido aún más consecuencias por la pandemia en nuestro país.
El quid es que es gravísimo aceptar cargos para los que no se está calificado y estar calificado también significa hacer uso efectivo de todas aquellas herramientas que tenemos al alcance para tomar decisiones encaminadas al bienestar común.
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