Por: Juan Adolfo Montiel H.
El financiamiento público fue un factor importante en la transición democrática para construir un sistema de partidos plural, otorgó condiciones básicas para la equidad de la competencia electoral y contribuyó a la alternancia, sin embargo, sistema electoral de México se caracteriza por tener uno de los mecanismos de financiamiento público de partidos políticos más oneroso del mundo fuera de las contiendas electorales.
La propuesta de reforma del Gobierno federal, en este rubro, señala que “El Estado mexicano destina cada año alrededor más de 11,000 millones de pesos en subsidios públicos destinados a las actividades ordinarias de los partidos políticos (plantilla laboral y bienes muebles e inmuebles), es decir, a la manutención de aparatos burocráticos.”
En la reforma electoral de 1996 se introdujo el financiamiento anual a los partidos, la intención fue detener las transferencias subrepticias de dinero público a favor del partido oficial. Sin embargo, el sostenimiento de su estructura burocrática durante tiempos no electorales nunca ha terminado de justificarse socialmente, y su desempeño público se encuentra en una etapa de fuertes críticas por el incumplimiento de expectativas.
Por ello, la iniciativa plantea eliminar el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias y propone que cubran dichos gastos mediante el financiamiento de sus simpatizantes y militantes. Lo justifica señalando que se debe eliminar el alto costo que los partidos políticos representan al erario y obligarlos a convertirse en instituciones autosostenibles mediante aportaciones, legalmente vigiladas. El financiamiento público se mantendría solamente para el gasto de campañas durante la contienda electoral.
Es claro que de aprobarse la propuesta, el riesgo de un financiamiento irregular aumenta, el dinero público es más fácil de fiscalizar; por lo tanto, una disminución del financiamiento ordinario federal y estatal sería factible, pero no la eliminación total. Se podrá permitir el cobro de cuotas partidistas como única posibilidad de financiamiento privado, restringiendo o prohibiendo las aportaciones voluntarias en cualquier momento, incluso en el periodo de las campañas electorales.
Adicionalmente a la reducción del financiamiento público, se debe modificar la fórmula de distribución de ese recurso; el acuerdo político de la fórmula actual fue en otro contexto, con un partido político dominante y de estado, las condiciones actuales son otras, por lo que distribuir el 50% de recurso de manera igualitaria y el otro 50% de forma equitativa (conforme a la votación obtenida) genera una mayor competencia; o al mejor, es 70% de forma igualitaria y 30% de forma equitativa.
En relación con el acceso de los partidos a radio y televisión con fines electorales, dicha prerrogativa surge en la reforma política de 1977, donde se otorgaron espacios de 15 minutos al mes en los medios comunicación para cada partido en horarios preferentes. Entre 1985 y 1987 el tiempo en los medios de comunicación se incrementó hasta llegar a 60 minutos al mes para cada partido, dividido en dos programas semanales de 15 minutos cada uno.
Aunque la asignación se daba de manera desigual en los canales y horarios de alta audiencia, se tenía como ventaja que, al ser programas largos, podían comunicar aspectos relevantes de las plataformas políticas de los partidos. Algo que desaprovecharon los partidos políticos, los programas que se transmitían no contaban con buena producción ni guiones atractivos, recuerdo que se transmitían las largas intervenciones de alguna de las Cámaras legislativas o algún discurso de la dirigencia en turno.
En 1990 se introdujeron criterios de asignación en función de la fuerza electoral de cada partido a los que se les permitió contratar tiempos adicionales con concesionarios, hasta que, la reforma electoral de 2007-8 estableció el modelo de comunicación actual, que incluye la prohibición a toda persona de contratar tiempo en radio y televisión con fines electorales además de la prohibición de propaganda negativa.
Sin embargo, optaron por que el IFE (y luego el INE) administrara 48 minutos diarios de cada canal de televisión y estación de radio concesionado, lo que generó el modelo de “espotización” con mensajes de 30 segundos desde la precampaña, la intercampaña y en el periodo de las campañas electorales, generando una saturación y hartazgo del electorado a los procesos electorales.
La propuesta plantea destinar 30 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión a los partidos políticos, candidaturas independientes y al Instituto Electoral. Se asignará el 90% de dichos tiempos a los primeros dos y el 10% al Instituto para la difusión de mensajes informativos relacionados con la contienda electoral.
Sin embargo, reitera el criterio actual de distribución, 30% entre los partidos políticos de manera igualitaria y el 70% se distribuye en función de su desempeño en la elección para diputados federales. Los partidos políticos de nuevo registro participarán solamente en la distribución del 30% de forma igualitaria, y se mantendrá la regla que prohíbe a cualquier persona, incluidos los partidos, precandidaturas y candidaturas, adquirir por sí o por terceros tiempos en radio y televisión.
En la siguiente entrega, analizaré la propuesta para la modificación de las autoridades electorales y la forma de su designación.
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