Por Hugo Gama Coria
La lucha por el acceso al poder debe tener siempre como finalidad el alcanzar esos espacios para ejercer un gobierno que genere bienestar y satisfaga las necesidades de la gente, en otras palabras, el acceder al ejercicio de la función pública siempre debe estar encaminada a lograr la felicidad de los gobernados.
Las obligaciones o principios para los gobernantes, a los cuales se hace referencia en la Constitución y en la legislación secundaria, son: disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, transparencia, institucionalidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. De esa manera, debe actuar siempre el servidor público y así deben funcionar las instituciones del Estado.
El derecho a un Buen Gobierno pasa por el buen actuar de los gobernantes, alejados de los actos de corrupción que flagelan la vida púbica y afectan la hacienda pública, lo que trae como consecuencia como ya lo he señalado en otras entregas, afectaciones a derechos, principalmente a los sociales.
Pero no solamente se trata de una obligación para el Estado, también hay derechos para los gobernados, y el que la gente tenga un buen gobierno se trata precisamente de un derecho, partiendo de la premisa de contar con gobernantes electos democráticamente, ya que sólo así podemos asegurar que tenemos gobernantes legal y legítimamente establecidos en los cargos públicos.
El Buen Gobierno pasa por garantizar y respetar en el ejercicio de la función pública los derechos civiles y políticos como son la vida, las libertades, la igualdad, la dignidad, la no discriminación, la democracia, entre otros, pero también implica la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, como los son la vivienda, la salud, la educación, el empleo o los servicios públicos, los cuales permiten el desarrollo de las personas y el desarrollo de los pueblos, situaciones que afortunadamente ya se pueden medir para saber si se tiene un buen gobierno o no.
Gobernar bien se trata de una obligación para la clase gobernante y de un derecho de la población, por ello, en todo momento, y más en un Estado Democrático, la gente tiene en primera instancia la posibilidad de exigir resultados, buen actuar a sus gobernantes, pero además tiene toda la posibilidad de alternarlos, pues solo de esa manera puede obligarlos a alcanzar los objetivos y fines del Estado.
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