Gustavo R. Gallardo / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- En conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el involucramiento del canciller Marcelo Ebrard y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, en la compra con sobrecosto de 30 trenes para la Línea 12 del metro de la Ciudad de México, en 2010, mediante el esquema de prestación de servicios a largo plazo.
López Obrador respondió, pero al final hizo una recomendación a Zósimo Camacho, jefe de información de la revista Contralínea que puede prestarse como censura, debido a que la investigación a la que se refiere involucra a un posible candidato de Morena para las elecciones presidenciales de 2024.
Este fue el planteamiento del periodista: “Hay un expediente de 2010 al que Contralínea ha tenido acceso, un análisis que están haciendo, incluso las actuales autoridades de la Ciudad de México, que tiene que ver con la Línea 12. Se trata, señor presidente, cuando hace… bueno, en 2010 se endeudó por 15 años las finanzas públicas locales por más de 30 mil millones de pesos, esto para adquirir 30 trenes mediante un esquema de contratación como el que le estoy comentando, de prestación de servicios a largo plazo. Y esta operación que ha sido investigada por Contralínea y de la cual hemos publicado una primera parte, vendrán otras al respecto, fue planeada para disfrazar este endeudamiento exorbitante, pues la operación significó por haberlo hecho mediante PPS un sobreprecio del 200 por ciento.
“La operación debió de ser de 12 mil millones de pesos y, como se hizo bajo este esquema, el costo se elevó a más de 30 mil millones de pesos y además se va a terminar de pagar hasta 2026, como decíamos, con un sobreprecio de 20 mil millones de pesos.
“Y, bueno, quienes están involucrados precisamente en esta operación era el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón; el director de Finanzas, Mario Delegado; el subdirector general de Administración del Sistema de Transporte Colectivo Metro de entonces, Juan Carlos Mercado Sánchez, quien ahora, además se desempeña como director general de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y también el auditor general de entonces, José Antonio Domínguez Carballo, quien además hasta hace algunas semanas también trabajaba todavía en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Nosotros, al tener acceso a este expediente, consultamos con varios abogados y, bueno, lo que nos señalan es de que se trata de un delito, de un presunto o un probable delito de desvío de recursos públicos y que este enorme fraude que ha hecho un boquete a las finanzas públicas no ha prescrito porque todavía se está pagando, se terminará precisamente de pagar hasta 2026.
“Y la pregunta, señor presidente, es: ¿qué opinión tiene usted de este expediente, de esta investigación que está realizándose en la Ciudad de México, toda vez que eso involucra a varios funcionarios que se encuentran hoy en el gobierno federal, particularmente en la Secretaría de Relaciones Exteriores?”.
López Obrador respondió que esa fue durante mucho tiempo la práctica para adquisiciones.
“Desde Hacienda recomendaban a los gobiernos estatales ese mecanismo para hospitales, para carreteras, para reclusorios, para la construcción de edificios públicos, era un mecanismo de financiamiento muy oneroso porque cobraban de más en la construcción y luego cobraban de más en el financiamiento”, explicó.
Y aseguró: “Pero era la tónica, o sea, era la política que se seguía. Entonces, ya eso ya no se aplica”.
El periodista, sin embargo, insistió: “Por eso la pregunta, señor presidente, sobre si no se tendría que revisar en la propia Secretaría de Relaciones Exteriores”. A eso, el mandatario respondió que la investigación debería hacerse en todo el gobierno, “pero no sólo los altos funcionarios públicos, empezando por los presidentes, porque ni modo que el presidente no sabía, quien estuviese”.
Luego, lanzó una ”recomendación fraterna” y “respetuosa”:
