#OPINIÓN // Disrupción cognitiva en el ejercicio de la función pública

Hugo Gama Coria. Licenciado en Derecho y Maestría en Derecho Civil por la ULSA. Maestro en Derecho Constitucional en la UNLA. Se ha desempeñado como director de Gestión Empresarial, director del Registro Civil, asesor del Congreso, secretario particular del Fiscal General, subsecretario de Enlace Legislativo. Actualmente es magistrado presidente en el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán.

Por Hugo Gama Coria

Por mandato constitucional y legal, los gobierno federal, estatal o municipal tienen la obligación de presentar sus planes de desarrollo, los cuales contienen las líneas estratégicas, ideológicas y las políticas públicas que se implementarán durante el período correspondiente, ello debe permitir contar con una administración ordenada y con claridad en sus metas, así como de la forma de evaluarla.

Al iniciar cualquier gobierno, lo hace con entusiasmo, con grandes expectativas, echan a andar toda su capacidad cognitiva para la generación de su plan de desarrollo, políticas públicas, programas y líneas de acción que permitan el desarrollo y la gobernanza. En la mayoría de los casos, los gobiernos tardan al menos seis meses en poder arrancar ya con sus propias estrategias, y ajustándolas al presupuesto con el que cuentan.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando alguno de esos gobiernos no logra arrancar, no puede echar a andar ninguna de sus estrategias, políticas, programas o ellas fracasan? La respuesta es sencilla: inicia la improvisación, lo que augura fracasos en cada una de las decisiones.

Al referirme a la disrupción cognitiva en el ejercicio de la función pública, es lo que llamo la fatalidad de la inteligencia para gobernar, que no es otra cosa que el dejar de administrar con inteligencia y planeación, y con lo cual inicia el periodo de improvisación, ocurrencias, arbitrariedades, mal uso de los recursos y transgresión al estado de derecho.

Esa disrupción a la que me refiero se traduce en una conducta deshonesta de los gobernantes, en virtud de que sus decisiones no forman parte de una estrategia solida, sino que sus determinaciones, algunas quizá ilegales, afectan la aplicación de los recursos públicos, lo que podría llevar a conductas tipificadas, como desvío de recursos, abuso de funciones, es decir, se utilizan recursos para cosa distinta a la que estaba destinada, o se toman decisiones sin el soporte jurídico.

Los gobiernos siempre deben ser inteligentes, no es permisible tener administraciones que no tienen claridad de lo que quieren para su gobernados. Los gobiernos deben entender que cuando no estén logrando sus objetivos, tienen que encauzar y hacer los ajustes necesarios para corregir; deben concebir que, los principales afectados serán los gobernados, el desarrollo y la gobernanza.

Las opiniones emitidas por los colaboradores de Metapolítica son responsabilidad de quien las escribe y no representan una posición editorial de este medio.

Hugo Gama Coria. Licenciado en Derecho y Maestría en Derecho Civil por la ULSA. Cursa la Maestría en Derecho Constitucional en la UNLA. Se ha desempeñado como director de Gestión Empresarial, director del Registro Civil, asesor del Congreso, secretario particular del Fiscal General, subsecretario de Enlace Legislativo. Actualmente es magistrado en el Tribunal de Justicia Administrativa.