“Una ciudadanía informada es el único
depositario verdadero de la voluntad pública”.
—Thomas Jefferson
Por Rosmi Bonilla
En este espacio defendemos la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas y ello generalmente nos lleva a analizar las estructuras de gobierno que facilitan o no la participación de los ciudadanos sin cargo.
Sin embargo, también es cierto que la cultura social y política de nuestro país poco aporta para que, desde la ciudadanía, nos organicemos y exijamos el cumplimiento de las metas y objetivos de gobierno.
Al menos así queda de manifiesto en el Informe General de Contraloría Social 2021 que emitió la Secretaría de la Función Pública al detectar que la principal dificultad para que los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal sujetos a este mecanismo puedan vigilar que los recursos se entreguen en tiempo y forma, es la falta de organización.
La Contraloría Social es un mecanismo del que se sirven las personas beneficiarias para verificar, de manera organizada, el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas federales y que se encuentra establecida en el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.
Es importante destacar que son las personas beneficiarias de los programas y acciones quienes pueden (y en mi particular punto de vista, deben) conformar la Contraloría Social para vigilar la aplicación de los recursos que son de todos.
Son ellos, los beneficiarios directos, los que deben vigilar que el recurso llegue en tiempo y forma, que se entregue a quienes se debe entregar y que, además, se haga por los mecanismos óptimos para que el apoyo sea eficaz.
Y, para ello, se deben organizar.
En ese sentido, el informe señala que la principal dificultad para el ejercicio de las Contralorías Ciudadanas fue, en un 84%, la falta de coordinación entre los participantes.
También refiere que la mayor parte de los integrantes de los Comités de las Contralorías Sociales son mujeres (en un 64%) y que el programa con mayor interés de participación es el Programa de Abasto Rural de Diconsa.
En este último dato hay preguntas importantes. Recientemente, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad detecto el desvío de 11 mil millones de pesos en Segalmex, empresa paraestatal encargada de operar los programas de Diconsa y Liconsa y que este desvío de recursos afectó la distribución de ambos programas. La pregunta es ¿estas evidencias de corrupción aún no alcanzan a los beneficiarios? ¿O desde hace tiempo los beneficiarios han encontrado en la vigilancia la manera de continuar recibiendo los apoyos?
Por otro lado, el informe nos permite saber que los programas de apoyos sociales son el espacio perfecto para implementar los mecanismos de control ciudadano ya que, independientemente de los conflictos para organizarse (un asunto que, sin duda, debe solventarse) representan un mayor interés de los beneficiarios y ocupan, además, un importante porcentaje del gasto público.
Es por ello que debemos superar los impedimentos para organizarnos y aprender que es la única manera de abrirnos camino hacia la participación activa en la toma de decisiones públicas y en la vigilancia del dinero que es de todos, y de hacer presentes nuestras demandas y exigir que estas se cumplan.
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