Héctor Tapia / Metapolítica
El pleno del Congreso del Estado declaró improcedentes las solicitudes de juicio político acumuladas en contra del titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Tinoco Álvarez.
De las 7 solicitudes que fueron planteadas en contra del ombudsperson, y que ya recibieron el dictamen de improcedencia, 5 fueron sometidas ya al pleno en la sesión de este jueves.
A consideración de la legisladora Ivonne Pantoja Abascal, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, había una solicitud que estaba plenamente sustentada, y que, sin embargo, fue declarada improcedente por las comisiones que elaboraron el dictamen.
En entrevista dijo que de origen “hay algunas situaciones que venían improcedentes de quienes presentaron solicitudes, por algunas cuestiones jurídicas” no pudieron seguir su curso.
Sin embargo, dijo Pantoja Abascal, “había una que sí era procedente, que era de la administradora de la CEDH, pero en las comisiones votaron en contra casi todas las integrantes”.
Sobre esta postura de las comisiones a la hora de elaborar el dictamen de improcedencia, dijo no tener conocimiento del por qué determinaron no avalarla, pese a que había todos los elementos.
Pese a ello, dijo, “yo cumplo con visibilizar el problema que había”, y que ahora ante estas solicitudes no se puede hacer ya nada.
“Hemos venido caminando, lo único que quiero es que la CEDH trabaje y cumpla con la ciudadanía, como debe ser”, apuntó, y dijo que ella se queda con el compromiso de ser vigilante del actuar del ombusperson, es decir seguir vigilando cómo está trabajando.
Esta determinación de declarar improcedentes las solicitudes, dijo, el ombudsperson “debería tomarlo como una segunda oportunidad que le dan algunos legisladores y legisladoras para que haga bien su trabajo; no podemos hablar de cheques en blanco cuando estamos hablando de víctimas” las que les toca atender en la comisión.
Las solicitudes de juicio político en contra de Tinoco Álvarez se habían interpuesto a partir de que, se argumentaba, había incurrido en una serie de violaciones no sólo a los derechos de los trabajadores de la CEDH, sino también de presuntas irregularidades en el manejo de recursos en la comisión.
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