Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- El auditor superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, ha mantenido por años prácticas de extorsión prácticamente, al aplicar multas a los ayuntamientos producto de procesos de fiscalización que no están en sus facultades, aseveró la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Itzé Camacho Zapiaín.
La también coordinadora de los presidentes y presidentas municipales de la llamada Cuarta Transformación, dio a conocer que, frente a estas prácticas del auditor del estado, solicitó al Congreso local se pronunciara sobre las facultades del organismo fiscalizador y con ello establecer que opera fuera de la normativa, es decir, de manera ilegal.
Sin embargo, ante la falta de pronunciamiento del Congreso local al respecto, es que acudió ante el Poder Judicial a interponer un amparo para urgir una postura de parte del Poder Legislativo.
La queja de las presidentas y presidentes municipales no proviene sólo de quienes emanan de Morena, sino de distintos partidos políticos, y es por ello que se recurrió a esto para intentar poner un freno al auditor local, aseveró la alcaldesa en entrevista.
Itzé Camacho dijo que “no nos da miedo que nos hagan auditorías, es el abuso del auditor de querer imponer multas donde no existen, que no están fundamentadas en la Ley; por eso pedimos al Congreso que nos dijera las atribuciones del auditor y no hemos tenido respuesta”.
La alcaldesa dijo que el grupo de alcaldes inconformes, 16 que firmaron el procedimiento, “nos vimos obligados a meter un amparo para que el Congreso nos conteste”.
“No es posible que tengamos que ampararnos los alcaldes para una contestación legal; tienen mucho que revisar los legisladores en su actuar”, añadió.
La postura solicitada por los alcaldes y alcaldesas, al respecto, “es para podernos defender, sustentar, que el auditor está abusando de los presidentes municipales”.
En lo que respecta a las multas interpuestas por el auditor Aguirre Abellaneda, dijo, “una servidora no le ha pagado ni un peso, porque no han sido justificadas. Varios alcaldes han pagado desde los 3 mil hasta los 100 mil pesos, lo que es un abuso y una extorsión, usando la ley de por medio”.
Ante esto, remarcó que los alcaldes van a luchar, y por ello es que pidió a las comisiones legislativas “nos apoyen, porque no es posible que estén avalando el actuar de un funcionario tan corrupto hacia nuestros presidentes municipales”.
“Fueron todos los municipios de Michoacán, nos hemos visto afectados por el actuar de esta auditoría. Este actuar tiene más años, extorsionando. Es mi segundo periodo, ya es momento de juntarnos y no permitir este tipo de abusos”, añadió.
