Héctor Tapia / Metapolítica
El Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) es un organismo autónomo que garantiza el control del ejercicio del poder a través de sus sentencias y resolutivos, aseveró Hugo Gama Coria, magistrado presidente de este tribunal.
Esto lo remarcó tras informar que en breve se pueda ampliar la cobertura presencial de los servicios del tribunal a más regiones del estado.
Actualmente, con procedimientos provenientes de 67 municipios michoacanos, se tienen juzgados en Morelia y Uruapan; sin embargo, explicó, se proyecta que se puedan abrir más espacios en las regiones de Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro, explicó Gama Coria en entrevista.
La intención es fortalecer el trabajo y la difusión del TJAM con la finalidad de que los 113 municipios michoacanos sepan que pueden recurrir al tribunal para proceder contra actos de autoridad que estén fuera de la norma, remarcó Hugo Gama Coria.
Refirió que el momento actual que vive el país, el estado, es histórico; “estamos viendo una fortaleza en las instituciones, estamos viendo una división de Poderes real y tangible, aspecto que hace un lustro no existía, y eso fortalece la vida democrática del país y del estado. Nos lleva a entender y comprender del ejercicio de la función pública en este momento tiene mayores controles”, apuntó.
En este sentido dijo que la ciudadanía puede tener la certeza de que las determinaciones que se están tomando en la función pública “están vigiladas”, y que al TJAM “nos corresponde ser garantes de la legalidad de los actos administrativos” tanto del gobierno del estado como de los 113 municipios, incluido Cherán.
En contexto, el TJAM cumple 15 años, y en este periodo, dijo el magistrado presidente, “se han venido revisando los actos de las autoridades cuando los ciudadanos presumen que se les ha violentado algún derecho”.
“Cuando hay temas de impacto económico, fiscal, donde creen que la autoridad está cometiendo una ilegalidad”, añadió, y ante esto, dijo, “a nosotros nos corresponde regresarlo a la legalidad y llamar la atención del servidor público que la haya cometido”.
Al cuestionársele sobre las reformas que se vienen impulsando desde nivel nacional a organismos autónomos, y si estos no terminarían afectando a los mismos, Hugo Gama dijo que “todas las instituciones y organismos autónomos se pueden mejorar; sin duda se requieren de reformas para alcanzar esa mejoría en beneficio de las y los mexicanos, y probablemente a nivel nacional están visualizando eso posibles mejoras, y así lo alcanzo a ver, y en el debate política hay posturas”.
De esta forma dijo visualizar que lo que se pretenden “son mejoras a los órganos autónomos, mayor funcionalidad”, aspecto que, dijo, “debe ser una aspiración de todas y todos”.
“En Michoacán he platicado directamente con el gobernador; ha sido respetuoso de los órganos autónomos. A principios de año nos reunimos los titulares de los organismos con él, refrendó su compromiso de vigilar la autonomía de los mismos, de no meterse en la vida de estos, y quienes acudimos refrendamos el compromiso que desde nuestras trincheras apoyar al desarrollo del estado, que se puede hacer desde nuestra función. Veo en Michoacán un respaldo a los órganos autónomos”, remarcó.
Refirió que ante el TJAM en los últimos años ha venido en incremento los asuntos que atiende, esto tanto en materia administrativa como en materia de responsabilidades.
En el 2022, dijo, se culminó el año con 2 mil 700 asuntos nuevos en materia administrativa y 140 informes de presuntas responsabilidades que se llevan en las salas anticorrupción; “de manera gradual cada año han venido incrementando los asuntos, y tiene que ver con la difusión que se le ha venido dando al tribunal”.
Con todo esto, reconoció, aún falta avanzar en difundir en todos los rincones del estado los servicios que ofrece el tribunal en materia administrativa. “Estamos convencidos que mientras mayor difusión demos la gente se acercará más”, apuntó.
El siguiente paso para garantizar el control del poder, detalló, es ampliar la cobertura de los servicios, difundir la cultura de la legalidad, capacitar a servidores públicos tanto de los municipios como del mismo gobierno del estado, y que entiendan que “en el supuesto de que no se ajusten sus actos al marco jurídico, hay un tribunal que les está observando, que funciona por el impulso de la población. La ciudadanía es la que impulsa la actividad del Tribunal, y ahí está el ejercicio del control del poder. La ciudadanía es la que empuja ese control y nosotros somos los que resolvemos esa demanda”, remarcó el magistrado presidente.
