Jaime Márquez
Se removió al exauditor Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, se aprobó el inicio del procedimiento de Juicio Político en su contra y con la aprobación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, por parte del Congreso del Estado, empieza el desmantelamiento de estructuras corruptas aceitadas con el dinero proveniente de la corrupción.
Estas tres acciones legislativas del Congreso michoacano, harán sinergia con el Gobierno de Estado, en las áreas de combate a la corrupción, transparencia, austeridad y disciplina financiera.
Ahora bien, lo que ha hecho el Poder Legislativo no es menor, porque al aprobar esos tres decretos, significa que se vencieron inercias e intereses anclados al pasado sexenal inmediato en la entidad, que no permitían que los diputados legislaran con independencia en favor de los michoacanos.
En el sector del transporte es más que conocida la red de intereses económicos de los dirigentes del gremio; por lo mismo, se oponen a que el sector se modernice, amplíe y se diversifique, porque con ello los líderes; por cierto, con bastantes años en el cacicazgo, pierden ingresos significativos, además de control político y corporativo.
Se oponen a la modernización del sector; pero, no se han dado cuenta que las necesidades de la sociedad en la materia han cambiado y que las plataformas en el transporte llegaron para quedarse. Además, existe la necesidad del transporte masivo como el metrobús de Morelia y el teleférico de Uruapan, así como espacios para las personas con discapacidad, porque la movilidad es un derecho humano.
Ya es una ley aprobada, por lo cual será un proceso paulatino para poner en práctica las distintas medidas contenidas en la misma.
