Por Alejandro Vargas
En días pasados el reconocido jurista italiano Luigi Ferrajoli, publicó en la revista Jueces para la Democracia, un artículo “La reforma judicial mexicana: cómo se destruye el Estado de derecho”, en este texto me permito hacer un breve análisis de ese importante texto jurídico.
El debate sobre la reforma judicial mexicana aprobada en septiembre de 2024 ha despertado gran interés dentro y fuera del país. El jurista Luigi Ferrajoli, reconocido por sus aportes al constitucionalismo, advierte que esta medida podría debilitar la separación de poderes y poner en riesgo la independencia judicial. Sin embargo, también es posible leer la reforma desde otra perspectiva: como una apuesta por ampliar la participación ciudadana y democratizar la justicia, siempre y cuando su implementación sea cuidadosa y transparente.
La elección de jueces: ¿riesgo o democratización?
Uno de los aspectos más llamativos de la reforma es la elección popular de jueces y magistrados. Críticos como Ferrajoli sostienen que esto podría politizar a los tribunales y restar imparcialidad a las resoluciones judiciales. Y no les falta razón: el riesgo de que los partidos dominen la selección de candidatos es real.
Sin embargo, también puede verse como un intento de acercar la justicia a la ciudadanía. Por años, la designación de jueces en México ha sido un proceso cerrado, controlado por élites políticas y jurídicas. Con elecciones abiertas, existe la posibilidad de que la gente tenga un papel más directo en la conformación de los tribunales, lo que podría generar mayor confianza en la justicia, siempre que se establezcan reglas claras que eviten el control partidista.
Más allá del formalismo: una democracia sustancial
Ferrajoli distingue entre la democracia “formal” (centrada en elecciones y mayorías) y la democracia “sustancial” (basada en derechos y garantías). Su preocupación es que la reforma reduzca la justicia a una lógica de mayorías.
No obstante, la clave está en cómo se articule esta nueva forma de legitimación. Si las elecciones de jueces se acompañan de mecanismos de evaluación profesional, capacitación constante y límites a la influencia partidista, podrían fortalecer tanto la dimensión formal como la sustancial de la democracia: los jueces serían elegidos por la ciudadanía, pero seguirían sometidos a la Constitución y a estándares técnicos de calidad.
Un contrapeso distinto, no necesariamente inexistente.
Otro punto central es la crítica sobre la pérdida de independencia judicial. Ferrajoli sostiene que al ser electos, los jueces dejarían de ser contrapeso del poder político. Sin embargo, también puede pensarse que la rendición de cuentas ante el electorado es una forma distinta de contrapeso, más directa.
En lugar de depender exclusivamente de instituciones internas o de órganos políticos para ser nombrados o removidos, los jueces electos responderían al escrutinio ciudadano. Esto, si se maneja adecuadamente, podría incentivar una justicia más cercana a las preocupaciones sociales y menos atrapada en intereses corporativos.
Una oportunidad para repensar la justicia.
Más allá de la polémica, la reforma mexicana abre la oportunidad de repensar cómo debe funcionar la justicia en una democracia del siglo XXI. ¿Debe seguir siendo un poder altamente especializado, pero percibido como lejano, o puede transformarse en una institución con mayor legitimidad popular sin perder su imparcialidad?
El reto está en diseñar un sistema que combine participación ciudadana con profesionalismo judicial. Esto implica procesos de selección transparentes, campañas que informen a los votantes sobre las trayectorias y méritos de los candidatos, y normas que impidan que los jueces actúen como políticos en campaña.
Reflexión final: un camino lleno de condiciones.
La reforma judicial en México no debe verse necesariamente como un retroceso autoritario, ni tampoco como una panacea que resolverá todos los problemas de la justicia. Es, más bien, una encrucijada democrática: puede derivar en mayor politización de los jueces o, si se implementa con rigor institucional, en un paso hacia una justicia más legítima y participativa.
Lo que marcará la diferencia será la forma en que se apliquen las nuevas reglas. Si se logran equilibrios que protejan la imparcialidad judicial y, al mismo tiempo, acerquen a los tribunales a la ciudadanía, la reforma podría ser recordada no como una amenaza, sino como un avance en la construcción de una democracia más sólida e incluyente en México.
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