Por Hugo Gama
Quienes nos desempeñamos como jueces, juezas, magistrados, magistradas o trabajamos en un órgano judicial, por la dinámica cambiante del derecho, estamos obligados a la preparación continua, a la actualización y a la lectura permanente de las determinaciones de los tribunales constitucionales nacionales e internacionales.
Ante el mandato constitucional y social que tenemos, la formación continua es indispensable, lo que implica que los operadores jurisdiccionales también estemos inmersos en actividades académicas como talleres, cursos, diplomados, certificaciones y posgrados.
El Órgano de Administración del Poder Judicial de Michoacán tiene clara la visión de convertir a la Escuela de Formación Judicial en una verdadera institución académica de formación y profesionalización, con programas suficientes para fortalecer las capacidades humanas de la institución, pero también para proyectarse al exterior.
El primer gran reto es que el personal del Poder Judicial se encuentre capacitado para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el mes de abril de 2027; por ello, ya se han iniciado talleres y se ha desarrollado un programa de formación por parte de la Comisión Multidisciplinaria encargada de esta misión.
Otro gran reto académico es que la Escuela de Formación Judicial pueda obtener las autorizaciones y registrar sus programas académicos de nivel posgrado, con el objetivo de que el personal judicial pueda seguir preparándose desde la propia institución, y con la aspiración de que, en algún momento, la mayoría pueda contar con una maestría o doctorado.
Es preciso mencionar que la Comisión de Carrera Judicial y la Escuela de Formación Judicial, de manera coordinada, preparan las convocatorias para la integración de nuevas listas de reserva para diferentes cargos operativos, con el fin de contar con perfiles idóneos y profesionales que puedan ascender o ingresar a la institución.
La vida académica no es menor en el caso de los operadores jurisdiccionales; el estudio y la preparación continua ayudan a tomar decisiones cada vez más sólidas en beneficio de la sociedad, y desde ahí, desde cada resolución, se fortalece el Estado de derecho.
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