Héctor Tapia / Metapolítica
Con todos los retos que ya implica el trabajo cotidiano en el Instituto Nacional Electoral (INE), y de cara al proceso electoral 2023-2024, considerado como el más grande de la historia del país, el organismo electoral está ante dos frentes o flancos que generan incertidumbre y que trastocarían la operatividad del mismo, y podrían impactar el trabajo que están diseñados a realizar para garantizar la equidad, imparcialidad y certeza de los comicios.
Estos dos frentes son la reforma electoral, cuya discusión por el momento está suspendida o en receso, y el segundo aspecto es el proceso de selección de cuatro consejeros electorales, incluido el consejero presidente del INE.
Esto lo fue detallando en entrevista David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán, quien abordó cada uno de los aspectos que a su consideración podrían vulnerar el derecho político-electoral de los ciudadanos de tener una contienda equitativa y que genere certeza.
En un primer momento está la reforma electoral, que para este año se “ha estado peloteando” entre las cámaras de Senadores y de Diputados, y que no concluyó su proceso legislativo dentro del periodo ordinario de sesiones, y dado el receso legislativo existente se prevé se pueda retomar hasta el 1 de febrero.
Desde la perspectiva estatal “esta reforma sí nos preocupa a toda la estructura del INE”, explicó Delgado Arroyo, porque uno de los aspectos que todavía se contemplan en la reforma legal, dado que la Constitucional finalmente no fue aprobada y se desechó, es que pretende desaparecer la estructura del servicio electoral profesional, un servicio civil de carrera, con la que se garantiza que personas preparadas en la materia prestara su servicio al instituto, sin importar el partido que ganara una elección, con la finalidad de “garantizar condiciones de imparcialidad en la competencia, y además tener el conocimiento especializado”.
Esta plataforma del servicio civil surgió con el nacimiento del entonces Instituto Federal Electoral, ahora INE, y se le fueron agregando atribuciones de forma paulatina que van más allá de quien presida el instituto.
De acuerdo con Delgado Arroyo “la reforma plantea que más del 80% de esa estructura desparezca; si desaparece esa estructura el INE quedaría muy vulnerable para cumplir el conjunto muy basto de atribuciones para generar condiciones de equidad en la competencia y organizar las elecciones”.
Señaló que hay posibilidad de que varios de los apartados contenidos en el paquete de reformas legales sean inconstitucionales.
Por un lado, a ocho meses de que arranque el proceso electoral, el INE y su estructura ya debería estar discutiendo en estos momentos la estrategia de capacitación.
Además de esta capacitación hay aspectos que implican ajustes con sus respectivos impactos; por ejemplo, la redistritación que se autorizó y que llevó a que Michoacán pasara de tener 12 distritos electorales federales a 11, que se aplicarán para la siguiente contienda.
En el terreno administrativo esto significará cerrar las oficinas distritales de Puruándiro y ese distrito; sus bienes financieros, materiales y personal humano tendrá que irse a Ramos Arizpe, Coahuila, entidad a la cual se le sumará un distrito electoral, proceso que duraría todo el año y que, enfatizó, no sería fácil.
“Esto está conectado con funciones permanentes que realiza el instituto como es la credencialización permanente que se realiza, esto rumbo al 2024, además de que hay procesos paralelos como los trabajos de georeferencia, porque estamos obligados a que cuando un mexicano llega a un módulo que dice que vive en algún asentamiento, que fuera nuevo, nosotros tenemos que tener actualizado, y si no actualizarlo, para georeferenciarlo para que su boleta esté lo más cercano a su domicilio”, abundó.
Asimismo, tienen que emprender trabajos de depuración del padrón: “Cuando recibimos las actas de defunción, tenemos que darlos de baja, y cuando hay perdida de derechos políticos (para algún ciudadano que haya recibido sentencia penal), tenemos que suspenderlos; también cuando hay una alerta, de lo que se llama turismo electoral, que es que donde cinco o más personas solicitan cambio de domicilio a un mismo domicilio, nosotros tenemos que verificar para ver esa situación”, también se tiene que verificar directamente por el personal.
Son estas parte de las tareas cotidianas que realiza el instituto, explicí, y esta reforma que aún no culmina su discusión establece que desaparezcan las 11 juntas distritales de Michoacán y que sólo haya un vocal operativo, lo cual sería “muy grave”, porque “esto impedirá que todos estos procesos tengan una supervisión en la región correspondiente, complicará la operación de los módulos de atención ciudadana, la actualización expedición de credenciales de elector”, o el monitoreo, incluso de radio y televisión en todo el estado.
Por ello, insistió, es que “sí hay preocupación por cómo está redactada la reforma”.
Otro aspecto que destacó como preocupante y grave que contempla la reforma es que para la comunidad migrante en el extranjero se les pueda abrir la opción de que puedan votar con su pasaporte o matrícula consular, lo que llevaría a perder el control sobre quiénes podrán votar.
Y aunque “hay muchos temas en la reforma que sí son preocupantes, que sí generan una incertidumbre”, esto no está deteniendo el trabajo del instituto para ir avanzando con lo que se tiene que desahogarse, aún con el entramado legal vigente y sus mismos calendarios.
“El INE está preparándose para el proceso 2023-2024 con las reglas del momento. De aprobarse las nuevas reglas, el INE se está preparando para interponer las acciones de inconstitucionalidad que invaliden la reforma, en las partes que sí afectan de manera grave el derecho a tener elecciones imparciales, equitativas, en términos de lo que el derecho progresivo ha establecido en el país”, enfatizó David Alejandro.
La reforma que está detenida y a la espera de continuarse su discusión implica que si se despide al 80% de la estructura del servicio electoral general un gran boquete a las finanzas del instituto por el pago de liquidaciones para no generar laudos laborales que perjudiquen aún más.
A la par del planteamiento que se contempla en la reforma de desaparecer los consejos locales, desde ya, con la norma vigente, se tiene que seguir con la convocatoria para integrar los mismos, esto en noviembre, y luego convocar para la integración de los consejos distritales, aspecto que ya se tiene que ir organizando pese a que no se sabe cómo quedará la reforma.
“Nosotros tenemos que prepararnos con lo que esté vigente, porque hay procesos que se siguen”, explicó.
“Este año se instalan también los consejos distritales, y este año se tendrá que iniciar el proceso de contratación de capacitados y asistentes electorales, ejercicio en campo que permite la organización electoral y que en Michoacán son cerca de dos mil personas”, abundó.
El vocal ejecutivo del INE en Michoacán detalló que hay tareas importantes que se realizan fuera de procesos electorales: “La mayor parte de las juntas distritales tiene centros de verificación y monitoreo, donde se verifican las señales de casi la mayoría de señales de radio y televisión, con el objetivo de verificar que cumplan con las pautas que el INE les manda y que sirvan para generar testigos por si hay quejas sobre actos anticipados de precampaña con lo que podríamos generar los testigos para sustanciar los procedimientos”.
“De desaparecer las juntas distritales habría un grave problema para cumplir con esto, porque recaería en una sola persona”, añadió, y explicó que de manera adicional se tiene que realizar tareas de fiscalización de partidos políticos, aún sin ser proceso electoral, y cuando este ya inició también se suma la fiscalización de los candidatos, y para ello “tendríamos que tener la infraestructura para realizarlo” y con la reforma esto no se tendría.
“Estos retos deben cumplirse con certeza en medio de la incertidumbre que nos da una posible reforma que desmantela la forma en que puede operar el INE en las regiones del país”, explicó el Vocal Ejecutivo, y añadió que todo esto que se ha detallado se le suma la incertidumbre que generará el proceso de sustitución de cuatro consejeros electorales, lo cual debe estar definido antes del 4 de abril.
Estos son los dos flancos son los que enfrenta actualmente el INE: “Por un lado estamos rumbo al proceso electoral con un reto monumental que es garantizar los derechos electorales de los ciudadanos, y por otro lado, con una serie de ruidos en los acuerdos, posiblemente no informados, en los diputados sobre la reforma que requiere realmente el país”.
