Por Héctor Tapia
El tiempo está encima, quedan dos meses y medio, y en Michoacán, particularmente en el Congreso del Estado, no se ve que haya avances importantes sobre las reformas político-electorales que realizarán.
Para que dichas reformas tengan aplicabilidad y vigencia para el siguiente proceso electoral 2023-2024, estos ajustes tendrán que quedar a finales de mayo, y aún no se conocen qué aspectos se habrán de abordar de manera específica en estas reformas.
Pero, ¿qué ha afectado o ha rezagado la discusión local en la materia?, la respuesta es simple: el Plan B electoral que recién fue promulgado a nivel federal.
En cierto modo, es entendible este rezago en lo local, porque los ajustes legales en la legislación federal tiene alcances e impactos en las legislaciones locales, que implican a su vez una homologación, tomando en cuenta las reformas que a nivel federal se dieron, pero también ajustes locales que atienden a particularidades que sólo tiene la entidad.
Es en este último aspecto donde no se conoce al momento mayor detalle sobre los aspectos que están sujetos a discusión para reformarse en lo local, ni cuál será el espíritu de las reformas que se impulsarán en Michoacán.
También es cierto que existe cierto grado de incertidumbre sobre lo que pasará con el Plan B electoral que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, dado que su reforma Constitucional no avanzó.
La incertidumbre, que tiene sus impactos en la legislación local, en parte se debe a que no se la pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al puñado de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, y amparos, que han interpuesto desde políticos de oposición, y el mismo Instituto Nacional Electoral (INE), con los que pretenden, en un primer momento, que haya una suspensión a la aplicabilidad del Plan B para el siguiente proceso electoral, en tanto se resuelve de fondo los procedimientos interpuestos.
Esa es la esperanza mínima que tienen los que se inconformaron con este paquete de reformas legales; lo mejor, a su consideración, no es sólo que se otorgue una suspensión a dichas reformas, sino que de una vez se declare inconstitucional todo el paquete de reformas. Es decir, se echen abajo todos estos ajustes legales.
Pero, ¿y esto qué tiene que ver con lo local? Pues mucho. En gran medida, como refería, se requería primero la promulgación de este paquete de reformas para conocer más detalles sobre lo que se avaló fast track en el Congreso de la Unión, y saber en consecuencia cuáles serán los aspectos a homologar. Pero también está la expectación sobre lo que pudiera resolver el Máximo Tribunal de justicia del país.
Con todo esto, y aún cuando la discusión se ha centrado a nivel nacional en las reformas federales, sí hay aspectos sobre los cuales se tendría ya que tener claridad sobre las reformas que sí se pueden dar en lo local, y sus características.
De momento se sabe que uno de los temas que están en la agenda de varios legisladores es el de que se pueda incluir la figura del Diputado Migrante, la paridad de género para la candidatura a la gubernatura, la integración de los cabildos, así como también lo relativo a la revocación de mandato, donde se plantea revisar los porcentajes de participación para hacer vinculatoria una consulta de este tipo.
Seguramente no son los únicos temas que a Michoacán le urge se legisle en materia político-electoral, si es que se quiere que tenga vigencia al proceso electoral venidero y sus resultados; aunque son los pocos puntos que han trascendido se están planteando al interior de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso local.
