Héctor Tapia
Toda ley es perfectible, y si bien la implementación de algunas reformas podría ayudar a mejorar la lucha contra la corrupción en Michoacán, lo inmediatamente importante está en que se pueda profesionalizar a los órganos investigadores para evitar las deficiencias que existen desde origen para cerrar con esto el paso a las lagunas, u omisiones por desconocimiento, que permitirían la impunidad frente a casos de corrupción que se pudieran estar generando.
Esto lo refirió en entrevista Sergio Mecino Morales, magistrado de la quinta sala especializada en materia anticorrupción, del Tribunal de Justicia Administrativa del estado, a casi cinco años de que crearon estas salas en el organismo jurisdiccional.
“Creo que el principal elemento es la profesionalización de los organismos encargados de la investigación”, porque, consideró, esto es un tema complejo donde se debe partir de respetar el debido proceso, respetar los derechos humanos en esta ruta, y por ello la capacitación es fundamental para poder tener investigaciones sólidas.
Sergio Mecino, al hacer una evaluación de estas salas anticorrupción, desde que fueron creadas hace casi cinco años, salas que comenzaron a operar desde el 2018, dijo que el resultado que se ha tenido es positivo.
Desde su creación, estas salas han ido creciendo en personal paulatinamente, a la par también del incremento de los asuntos que han venido atendiendo; “casi cada año ha venido incrementando casi un 100%, se han venido duplicando” los asuntos en estas salas.
Aunque ya del 2021 al 2022 hubo un incremento del 41%, esto quiere decir, explicó, “que se ha venido consolidando estos procedimientos de responsabilidades administrativas”.
Las auditorías, las investigaciones, llevan desfases a partir de los ejercicios fiscales que tocan ser revisados, fiscalizados, y una vez que concluye una auditoría, si se detecta una irregularidad, inicia una etapa de investigación a partir de los hallazgos, y luego de eso se inician los procedimientos de responsabilidades administrativas.
“Las investigaciones que se están realizando de años atrás apenas se están convirtiendo en procedimientos de responsabilidades”, refirió el magistrado, quien apuntó que a la fecha están llegando procedimientos del 2018 y 2019, producto de los procesos de fiscalización en referencia; aunque, a denuncia específica también se atienden procedimientos de años más recientes, como es que se han atendido.
“La ley de responsabilidades contempla un catálogo de faltas muy específico, de faltas graves que son susceptibles de cometer los servidores; más del 60% de los asuntos en salas especializadas son por desvío de recursos. Es el más recurrente”, refirió Mecino Morales.
Actualmente, entre las dos salas especializadas en materia anticorrupción en trámite hay más de 250 asuntos, más los que sigan llegando en el transcurso del año.
El magistrado refirió que el tiempo promedio que se lleva en trámite un asunto varía, porque cada uno de estos tiene sus particularidades, y dependen de los recursos que se interpongan, del desahogo de las pruebas.
Actualmente, en las alas especializadas no hay rezago de asuntos que les toca atender, y las resoluciones que se emiten se emiten en tiempo y forma.
Sin embargo, se han observado algunas fallas, no en el tribunal sino en las contralorías, por ejemplo, en las municipales, donde no cuentan en su gran mayoría con áreas de investigación y sustanciación de denuncias, que tengan una capacidad permanente de emprender procedimientos por corrupción; además de la capacitación permanente de estas áreas para hacer bien su trabajo sin caer en violaciones al debido proceso.
La falta de procedimientos o denuncias desde los municipios, dijo, tiene dos lecturas, una es que “a nivel municipal los servidores municipales no cometen faltas administrativas, o que en las contralorías no se está haciendo nada para perseguir estos actos y no queden impunes”.
“En su mayoría quizá no dan seguimiento a las denuncias, o no inician las investigaciones, porque sí es menor los asuntos que se reciben de los municipios”, reconoció.
“Los ayuntamientos tienen que hacer un gran acuerdo para que podamos garantizar a las contralorías las áreas mínimas para su funcionamiento”, señaló Sergio Mecino.
El magistrado dijo que la Ley de Responsabilidades, que fue reformada en el 2017, “tiene todo lo necesario para poder funcionar”, y que si bien podría ser perfectible y que puede mejorar, si es una ley que funciona, y es mucho más clara que la que se tenía anteriormente.
Sin embargo, dijo, independientemente de estas adecuaciones que sí se podrían dar, “creo que el principal elemento es la profesionalización de los organismos encargados de la investigación; porque esto es un tema tan complejo, y en esto se deben respetar derechos humanos, el debido proceso, y la capacitación es importante, porque si tenemos investigaciones sólidas, profesionales, los resultados dentro de los procedimientos, y en el número de sanciones que dicta el tribunal podría cambiar”.
“Si no existe una profesionalización, vamos a tener investigaciones que tal vez fueron deficientes”, añadió.
La capacitación constante y profesionalización de los servidores públicos, y garantizar su estabilidad, son aspectos donde se tiene que invertir recursos importantes, porque son los que se encargan de realizar las investigaciones necesarias.
Como ejemplo puso que en los municipios cada tres años se cambia la administración pública, y muchos que ya fueron capacitados sobre estos temas son separados, y hay que capacitar a los nuevos funcionarios, lo que amplía constantemente la curva de aprendizaje.
Por otro lado, en el Sistema Estatal Anticorrupción se pueden también promover reformas, mejoras, para identificar los huecos que podrían derivar en impunidad para quienes sí hayan cometido actos de corrupción, y la idea es irles cerrando el paso y acabar con la impunidad en este tipo de delitos.
“El tribunal ha sido un impulsor de capacitaciones desde que empezaron a funcionar las salas especializadas”, capacitaciones que han sido para servidores públicos de la Auditoría Superior de Michoacán, la misma Secretaría de Contraloría, o Contralorías municipales, cada vez que se ha solicitado.
“Es importante que las investigaciones sean sólidas, que no tengan violaciones de derechos humanos, se respete el debido proceso, y el éxito de que un servidor corrupto sea sancionado, depende de la pulcritud que realicen las autoridades las investigaciones, y esto es fundamental para que haya mejores resultados”, remarcó.
