Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Por un daño al erario de 30 millones de pesos, que fueron pagados de manera indebida a la empresa Soriana por Carlos Maldonado Mendoza, extitular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Michoacán en el periodo de Silvano Aureoles Conejo, podría derivar en sanciones contra el exfuncionario de Finanzas.
Esto lo consideró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien detalló el mecanismo que se utilizó por parte de la empresa para que de manera irregular, con el aval del extitular de Finanzas, se les reconociera una deuda –arrastrada desde el 2012-2013 periodo del Comisionado Alfredo Castillo Cervantes, enviado del gobierno de Enrique Peña Nieto para la seguridad a Michoacán–, por la cual no se les comprobó la prestación del servicio.
El gobernador explicó esto luego de dar a conocer el juicio que se ganó contra la empresa Soriana, donde la misma reclamaba el pago de una deuda estimada en 211 millones de pesos.
“Esto ameritará que Contraloría, a petición de la SFA, para deslindar responsabilidades por actos fuera de norma, y por el daño al erario público, perfectamente identificado”, explicó, y dijo que esto deberá continuar para deslindar responsabilidades del exsecretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, y además se contrademandará a la empresa Soriana para recuperar 30 millones de pesos que ya se les pagaron de forma irregular.
“Nunca se acreditó la entrega de las despensas durante el periodo de Alfredo Castillo”, insistió.
Quien detalló el proceso fue el consejero jurídico del gobierno de Michoacán, César Oceguera, quien dijo que este juicio proviene desde la contratación de servicios en el 2012-2013, en el periodo de gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, durante la intervención de Alfredo Castillo Cervantes.
En aquel momento habían llegado elementos de la Policía Federal para su intervención en el estado, y con el argumento de que había necesidad de otorgar alimentos a todos estos elementos de seguridad, es que se celebraron contratos desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesoh) y el mismo DIF estatal, comprometiéndose a pagar 211 millones de pesos en despensas destinadas presuntamente a la alimentación de esos policías.
Sin embargo, dijo, “los programas de la Sedesoh y el DIF, no están diseñados para atender necesidades alimenticias de los policías federales”, ya que cuando estos son asignados a alguna tarea fuera de su ciudad de origen se les pagan viáticos.
“Encontramos la primera irregularidad en el modelo de contratación”, explicó el funcionario estatal.
De esta manera dijo que en el 2017, dado que el gobierno del estado no le pagó a Soriana estas despensas, demandó a la administración estatal por esta causa, en ese entonces ya encabezada por Silvano Aureoles Conejo.
Fue cuando se llevó el juicio en primera y segunda instancia, el juez determinó que Soriana no acreditó la entrega de dichas despensas, “no hay constancia que acreditara esta entrega, y por eso el gobierno del estado ganó” el juicio.
Ante esto los representantes de Soriana se acercaron a la SFA, en ese entonces encabezada por Carlos Maldonado, y reclamaron dicho adeudo, y en la negociación plantearon una quita del 15% para dejar la deuda en 180 millones de pesos, siempre y cuando se reconociera institucionalmente el adeudo, además de hacer un pago inicial de 30 millones de pesos, esto en 2017; con pagos posteriores, mensuales, de 50 millones de pesos.
Fue en esta administración estatal cuando se presentó el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, esto a partir de que se reconoció un adeudo de manera irregular; juicio ante el cual Soriana se amparó y perdió el mismo.
